Por Rafael Negrete Quintero

Conocí a alguien que no quiso ejercer un trabajo con salario mínimo, que ya había conseguido, porque se enteró que podría aplicar al nuevo subsidio que ofrece el gobierno nacional conocido como renta ciudadana. Un programa que entregará subsidios hasta por $500.000 mensuales a más de 3,3 millones de familias. Una semana duró el personaje en su trabajo antes de renunciar e irse para su pueblo a hacer los trámites respectivos. Financieramente hablando es un negocio interesante, si yo me gano casi la mitad de lo que me ganaría trabajando 8 horas diarias, sin hacer nada, no tengo mucho que pensar.

El asunto, claro, es que esas matemáticas de coquito no suelen ser tan confiables. A pesar de que la creación de una renta básica para disminuir la pobreza fue una de las banderas de campaña del actual gobierno, hay problemas en la implementación del nuevo programa que dará un revolcón a los subsidios que se venían manejando. Se espera que 3 millones de personas salgan de la pobreza monetaria y otras 4 millones salgan de la extrema según las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, hay varios inconvenientes para la ejecución del programa.

La Silla Vacía señaló que la cobertura del nuevo paquete de subsidios es menor que la de los últimos 3 años y que en cálculos iniciales, porque todavía no es claro cómo será el cruce de las bases de datos, entre 2 y 3 millones de familias quedarían por fuera del nuevo esquema de subsidios. Asimismo, el revolcón incluye la salida de los bancos privados de los giros monetarios para darle el lugar al Banco Agrario, con todo lo que eso conlleva. A pesar de que tiene presencia en todos los municipios del país su infraestructura tecnológica y física es limitada.

El Banco Estatal no tiene una plataforma de giros con el número de celular como Nequi y Daviplata que funcionaron bien en la pandemia con Ingreso Solidario. En Quibdó, por ejemplo, el Banco Agrario tiene un solo cajero. Reclamar la plata del subsidio puede llegar a convertirse en una prueba fehaciente de la incapacidad probada del estado para ejecutar con eficiencia.

Los ciudadanos deberían saber también que el paquete de subsidios incluye un componente de transferencias en especie. Además de plata a los hogares se les pretende dar comida a través de ollas comunitarias con participación de organizaciones comunitarias o campesinas. Eso saldría del presupuesto de la Ungrd, cercano a los $2 billones, en lo que el gobierno llama la Alianza Público Popular.
Habrá que esperar, pero por ahora poco tecnicismo y mucha rimbombancia en el paquete que pretende que menos personas entren a la pobreza. El palo no está para cucharas.