Bogotá. La decisión del presidente, Gustavo Petro, de televisar los consejos de ministros, fue polémica desde el primer momento, sobre todo por los múltiples escándalos que generó su primera transmisión. 

Desde entonces, también surgió la inquietud de si el Gobierno del Cambio estaba violando la ley al hacer públicas estas reuniones. Pues bien, son varias las demandas que han sido admitidas en contra de estas transmisiones. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en la que se solicita garantizar la reserva de las sesiones de los Consejos de Ministros y evitar su transmisión televisada.

La demanda, presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, argumenta que estas sesiones son de carácter reservado y no deben ser divulgadas públicamente, conforme a lo establecido en la Ley 63 de 1923. En consecuencia, se exige que las autoridades se abstengan de realizar actos que vulneren esta reserva.

Por otra parte, la demanda presentada por la senadora María Fernanda Cabal, que a través de una acción de cumplimiento pide que no se transmitan esos espacios dado que la ley ratifica su carácter de confidencialidad, también fue aceptada. 

El Tribunal sostuvo que Presidencia tendrá tres días, una vez notificada, para allegar pruebas o solicitar su práctica, así como para hacer llegar los antecedentes administrativos del proceso. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión sería proferida dentro de los próximos 20 días.