Por: Luis Ramiro Ricardo Buelvas.

El gobierno de Gustavo Petro presentó ante las comisiones económicas del congreso el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, con un monto total de inversión de 1.154,8 billones de pesos, el cual busca ser distribuido en seguridad humana y justicia social ($743,7 billones), convergencia regional ($138,4 billones), internacionalización, transformación productiva y acción climática ($114,4 billones), derecho humano a la alimentación ($46,1 billones), ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental ($28,8 billones) y Estabilidad económica ($83,4 billones). Dichos recursos se distribuirán en un periodo de 4 años y serán financiados por diversas fuentes, como el presupuesto General de la nación, las regalías, el sector privado, entre otros.

Luego del análisis de la Bancada de paz al articulado se identificaron algunos aspectos a partir de los cuales se presentaron observaciones al PND. Es de resaltar temas como: La renta ciudadana, la economía popular, los títulos de desarrollo agropecuario, nuevo presupuesto de agricultura; los cuales sin lugar a duda procuran el beneficio de toda la población colombiana. Sin embargo, se confirman preocupaciones en lo que tiene que ver con la inversión prioritaria en los municipios PDET, ZOMAC y demás municipios estratégicos para el desarrollo regional, y la participación de organizaciones campesinas, organizaciones de víctimas del conflicto armado, pueblos indígenas, resguardos, consejos comunitarios, afrocolombianas, raizales y palenqueros. A todo esto, la Bancada de Paz presentó las proposiciones aditivas y modificatorias que se radicaron al PND, para garantizar la inversión y participación de las víctimas del conflicto armado, concretar acciones y condiciones diferenciadas que correspondan a las realidades de los territorios donde se pretendan adelantar dichos proyectos. Las proposiciones aditivas presentadas son: Plan de acción para la aceleración de pagos de indemnizaciones administrativas, herramientas presupuestales, herramientas operativas, herramientas técnicas, priorización en la oferta social del estado, priorización de entrega de indemnización en municipios, PDET, estrategia de articulación e integración entre las iniciativas PDET y los planes integrales de reparación colectiva, ruta de medidas de atención para víctimas en el exterior.

Estas proposiciones contaron con el apoyo y las firmas de los 16 representantes a la cámara de la Bancada de Paz, poniendo de presente la necesidad de dejar por sentado la financiación en el PND, los compromisos de Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI), para dar cumplimiento a lo establecido por las víctimas del conflicto en los territorios PDET y ZOMAC; de esta manera se avanza en el cumplimiento de la deuda histórica que tiene el Estado Colombiano con las poblaciones vulnerables, las víctimas del conflicto y las zonas más afectadas por la violencia.