Redacción. La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo Lucy Bejarano Maturana también rechazó las denuncias que contra ella y el exmagistrado Leandro Castrillón, instauró el veedor Pablo César Jaramillo ante la Comisión Disciplinaria Judicial Nacional.

El veedor manifestó su inconformismo por el resultado de un proceso disciplinario que la Comisión le adelantó a los magistrados Castrillón y Bejarano porque al parecer, según el veedor, estos incurrieron en omisión al no notificar al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo del fallo de segunda instancia emitido por dicho Tribunal y que se trata de la ratificación de la condena contra el exalcalde de Corozal Armando González Fernández.

"El escrito del supuesto Pablo Jaramillo del 5 de los cursantes, aduciendo que la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Justicia nos había absuelto por la caducidad de la acción disciplinaria, omitió referir que en esa decisión se dejó claro que los magistrados o inculpados nada teníamos que ver en esa actuación, es decir, no éramos responsables de la falta que se nos atribuía. Aunado a ello, tampoco contó que esa misma corporación luego de las explicaciones rendidas por el dr. Castrillón y la suscrita, ordenó investigar a las personas involucradas en la pérdida de ese expediente", manifestó Bejarano.

Agregó que con ocasión de la pérdida del mencionado expediente de Armando González, Óscar Salgado Serrano, notificador de la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, rindió informe en el que claramente manifestó que el proceso en cuestión fue remitido a la Oficina Judicial de Sincelejo, con oficio número 314 de fecha 26 de febrero de 2018 y recibido con planilla de envío del 2 de marzo de 2018 y sello de esa oficina, para que lo enviaran a la Corte Suprema de Justicia, a efectos de que se surtiera el recurso de casación que contra la sentencia proferida por la Sala había interpuesto el abogado del acusado contra el fallo.

"Al respecto, Salgado Serrano afirmó que según le informó José González, empleado de la oficina judicial, la firma ilegible que aparece recibiendo la respectiva planilla de remisión que hizo el tribunal a esa dependencia, para entonces encargada de esa función, era la del señor Kevin Díaz Madera; será entonces la prueba grafológica que ordene la Fiscalía la que determine si la firma que aparece en el documento de entrega es o no la del empleado de esa época; situación de extravío de expediente que no es la primera vez que ocurre en esa oficina judicial, pues ya antes, en manos de la señora Yalenis Meza, asistente de la Dirección de Administración Judicial, estuvo extraviado otro expediente, por más de 3 años", indicó.

Para ella resulta procedente indicar que cuando Castrillón refiere que tuvo conocimiento de que existió entrega de dineros para que el proceso no fuera movido, hace alusión a la dependencia encargada en ese entonces de entregar a la empresa de correo los expedientes; oficina sobre la cual los magistrados no tenemos ninguna autoridad ni mando.

"Esa situación es de conocimiento de los que se hacen llamar veedores, pero como la verdad en boca del mentiroso, engañador, embaucador, calumniador, es veneno, no la puede leer, aceptar, tampoco contar, y menos escribirla. Nunca en el ejercicio de nuestras funciones como funcionarios de la administración de justicia –hace más de 40 años- hemos recibido propuestas corruptas, ilegales o inmorales; tal vez, por el conocimiento público que tiene la comunidad de la rectitud de nuestros actos, que les impide acercarse para propósitos de esa naturaleza, como para que ahora los malsanos comentarios de Jaramillo quieran dañar nuestro buen nombre", puntualizó la magistrada en su defensa.