Por: Álvaro Velázquez Turbay.
Si existe un tema álgido y de cuidados intensivos de discutir en el gobierno que preside Gustavo Petro es el del servicio de la energía eléctrica que presta la empresa operadora del suministro y que afecta de manera acelerada y sin dolientes a la mayoría del segmento poblacional que constituyen el desarrollo de la economía como lo son principalmente el núcleo hotelero, la industria, restaurantes, medianas microempresas, hogares cabezas de familia y pare de contar, corriendo de una manera acelerada y elevada el precio del kilovatio y demás aditamentos inconstitucionales que durante varios años han introducido en el cobro tarifario con la permisividad de los gobiernos, las entidades gubernamentales que regentan la reglamentación de su operatividad.

Pareciera que los artículos 2 y 365 de la Constitución Nacional fueran letra muerta para los diferentes entes gubernamentales que en forma diáfana consagran: “Corresponde al estado la prestación de los servicios públicos, mediante su mediación y gestión". Es triste observar como las gestiones como gato boca abajo que de manera titánica han adelantado principalmente los alcaldes de Montería, Carlos Ordosgoitia y Jaime Pumarejo de Barranquilla, y alguno que otro gobernador de la Costa Atlántica, a los cuales se les ha respondido con oídos sordos como la canción de Shakira. Todo el mundo se tira el balón de un lado para otro y nadie soluciona nada.
La mal llamada crea (Comisión reguladora del servicio) es una entidad que parece un pájaro que le llaman yolofo, se esconde cuando le piden explicaciones. El Congreso de la República por estos días adelanta un debate fogoso con los ánimos encendidos de los legisladores, impetrando una moción de orden pidiendo la destitución de la ministra de minas, Irene Vélez, la cual supongo será negada por las mayorías. Pero me pregunto el ciudadano afectado en últimas no le interesan los ataques de uno y otro sector político, a él le preocupa, es la solución de ese enfermo de cuidados intensivos que hizo metástasis como lo es el alza exagerada de los servicios públicos. Por estos días en varias ciudades del litoral atlántico escuché voces angustiosas de empresarios de la industria, propietarios de establecimientos comerciales, microempresas, hogares, cabezas de familia que claman una solución definitiva por el cobro exagerado de las tarifas. Una voz de estridente como de ultratumba vocifera y señala: “Tienen el descaro de cobrarnos un recibo de agua que viene con el recibo de energía y atérrense, no existe acueducto”.

Esto se parece como la casa en el aire, la canción de Escalona.

Uno de los numerosos afectados muestra no sin antes quemarlo el último recibo que le entregaron por $1.800.000oo mcte, cuando venía pagando cumplidamente 300 mil y solo atinó a decir: “vengan por la casa y el pequeño negocio sustento de mi familia”, es decir, que el alza porcentual que recibió este compatriota fue de casi el 80% y resulta censurable que el presidente de la república salga a felicitar a su ministra de minas porque dio un confite de una rebaja del dos (2) por ciento, que equivale a unos 4 mil pírricos pesos ¡hágame el favor!. Incluyen en el recibo el cobro por las pérdidas que dejo la empresa anterior. Si alguien comete un fraude, se lo trasladan al usuario como si él fuera cómplice. Ahora, no se asuste, en el próximo recibo se incluirá una cuota para la paz, lo cual considero inconstitucional sin ser enemigo de tan absurda guerra.

Si inventaron, dizque el “cálculo” si el usuario sale de vacaciones, cierra su negocio, o mantiene un inmueble desocupado, le aplican la tarifa del mayor consumo que haya tenido.

Y pregunto: ¿Dónde está la presencia de la Superintendencia de Servicio Públicos encargada de la vigilancia de estos atropellos?.
Nos prometieron que una vez funcionaran las hidroeléctricas de Urrao y la pomposa de Hidrotuango que pasó las pruebas de los generadores, nos bajaría el costo del servicio en un 50% que resultó como el cuento del gallo pelón, le dicen la historia, pero nunca se la narran.
Si bien es cierto que el presidente de la república Dr Gustavo Petro ha aliviado el precio del Soat para los motociclistas y algunos medios de transportes, como de igual manera ha entregado tierras a algunos campesinos que estaban represadas y abandonadas en la sao (Unidad de extinción de dominio) resulta su decisión altamente plausible y alentadora y merece un reconocimiento cuando de analizar y mirar con lupa y objetividad las decisiones que benefician a sus habitantes, pero esa bola de fuego que son las alzas exageradas de la energía eléctrica que afectan a todos los habitantes de todos los departamentos de la costa atlántica, póngase firme y amárrese el cinturón llamando al orden a todo el equipo de gobierno que lo rodea y a las entidades que la regentan, y no permita que el barco se vaya a pique. No se le olvide que los departamentos de la Costa Atlántica contribuyeron a su elección. Como es posible que muy a pesar de que la Constitución Nacional consagra en su artículo 13 el principio de la igualdad como un postulado inamovible, las tarifas de otras ciudades y departamentos sean más bajas que las de otros territorios. ¿Será que la Corte Constitucional está en mora de dictar un fallo sobre semejante desigualdad y atropello?.
Esta problemática que día a día se agudiza no puede ser eterna y llegó la hora de ponerle punto final a tanto desgaste entre las entidades gubernamentales, incluyendo el Congreso de la República, que no puede seguir en este dilatado tira y encoge sin dolientes para el afectado consumidor. Nuestros abuelos decían: “Tanto va el cántaro lleno de agua, que por algún lado se revienta”. Los colombianos imploramos, suplicamos, lloramos, nos arrodillamos poniéndole una vela a cada santo, para que de manera urgente los magistrados que integran la Corte Constitucional dicten un fallo que hagan cumplir y defiendan los postulados de la Constitución Nacional existentes, y se puedan levantar de la cama de cuidados intensivos en que se encuentran los usuarios por culpa de las exageradas tarifas de la energía eléctrica.