La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), en el ejercicio de sus funciones por la conservación de los ecosistemas de manglar en el departamento, declaró como área protegida regional en la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI, La Bahía de Cispatá, la Balsa, Tinajones y Sectores Aledaños del Delta Estuarino del Río Sinú, y, adoptó su plan de manejo, el cual se viene implementando desde hace más de 10 años.

“El manglar es de especial importancia ecológica, de allí que todas las actuaciones de los particulares, los sectores económicos y de las autoridades públicas en especial las del ámbito ambiental deberán propender por su conservación, ordenamiento ambiental y territorial, seguimiento y monitoreo” Indicó la corporación.

En sus actividades de seguimiento al área protegida, la CVS realizó recorrido en zonas de manglar de la vereda Amaya, y zonas aledañas al hotel Marina Cispatá, municipio de San Antero, evidenciando actividades de tala, relleno y construcción de cercado con malla de áreas de manglar, para presuntas actividades de loteo en el sector, sin permiso alguno de esta Autoridad Ambiental.

De acuerdo a la zonificación y reglamentación de usos del plan de manejo del área protegida, las actividades de tala, relleno y cercado, en el ecosistema corresponden a zonas de preservación, producción tipo A-Tipo B; en el cual en el área de preservación el uso está enfocado en la recuperación para la preservación del bosque de manglar, en el caso de la producción Tipo A, está destinado para una recuperación de uso sostenible no forestal y por último, en la producción tipo B, se busca la recuperación para la producción del turismo sostenible. Por lo tanto, todas las acciones desarrolladas son contrarias a los usos principales, lo que las hace prohibidas.

De acuerdo con esto, la CVS ha solicitado apoyo a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de realizar la investigación respectiva ante los delitos ambientales ocasionados en el ecosistema de manglar, y así, tomar las acciones correspondientes, contra los presuntos infractores. De igual forma, se seguirá ejerciendo acciones de preservación y conservación de la zona, para lo cual se ha conminado a la Gobernación de Córdoba y al municipio de San Antero.