Por Marcela Pabón

En 2017, el país quedó atónito por la destitución y captura del Fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, precisamente por delitos en contra de la administración pública, que debía defender.
En su momento, la sentencia contra Moreno, expresaba la "perplejidad" de sus juzgadores, por lo paradójico que resulta que el funcionario encargado de velar por la transparencia y el correcto funcionamiento de lo público, hubiese sido condenado precisamente por actos de corrupción, lo cual "defraudó hondamente la credibilidad del conglomerado social en sus funcionarios e instituciones".

Este mediático caso, destapó a su vez, una intricada red de corrupción judicial, denominada, Cartel de la Toga, que involucraba a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, la misma corporación que condenó al exfiscal. Ahora, Luis Gustavo Moreno ha quedado en libertad, y será el jefe de contenidos especiales y editoriales de un medio de comunicación.

Este caso puso en evidencia, las raíces profundas que la corrupción a entrelazado en todas las esferas del poder público, aún en los ámbitos donde debería existir plena legitimidad en las actuaciones, precisamente para garantizar la probidad de la administración pública.

Los jueces tienen el deber de fundar todas sus decisiones en el marco jurídico vigente, con total objetividad, sin incurrir en la toma de decisiones motivadas por intereses particulares o por oportunidad política.

Las altas cortes y en general todos los jueces de la República, están llamados a actuar como garantes de los más altos valores y principios éticos, en razón a la relevancia de su rol en la sociedad y por ello, el daño que ocasionan los actos corruptos en el poder judicial es de una gravedad mayúscula, pues menoscaba la credibilidad en la justicia, perpetua la impunidad y corroe a los demás poderes públicos.

Sería importante entonces, retomar y verificar el cumplimiento de los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, creados para fortalecer a la judicatura como objeto de integridad inobjetable, considerando que quienes imparten justicia, deben garantizar el respeto a los principios democráticos, la institucionalidad necesaria para el desarrollo de una cultura de la legalidad, y la protección de la ciudadanía contra los atropellos a los derechos y libertades.

Por tanto, contrario a lo dicho por el famoso abogado De la Espriella, la ética si tiene todo que ver con el derecho y muy especialmente, con quienes tienen la obligación de salvaguardar y administrar justicia, en aras de conformar una sociedad más íntegra y sostenible.