Bogotá. La cuestionda ex juez Isabel Loreley Montes Oyola de nuevo apareció en la palestra pública, pero esta vez no por cuenta del Carrusel de la Educación, sino por otra actuación irregular cuando impartía justicia en el municipio de Lorica.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó argumentos y pruebas suficientes para que el Tribunal Superior de Bogotá declare responsable del delito de prevaricato por acción a la exjuez civil de Lorica, Isabel Loreley Montes Oyola.

Mientras ejerció como funcionaria judicial, la hoy sentenciada emitió un fallo en el que ordenó a un particular y a una aseguradora pagar una millonaria indemnización por la muerte en accidente de tránsito de una mujer de 29 años, en 2013.

La Fiscalía demostró que Montes Oyola convocó a juicio civil extracontractual sin agotar las instancias de conciliación, no llamó a declarar a los peritos que conocieron el siniestro, tampoco escuchó a los demandados ni tuvo en cuenta pruebas que demostraban que el vehículo involucrado no pertenecía a la aseguradora afectada.

Adicionalmente, se conoció que realizó las audiencias en tiempo récord y fijó de manera caprichosa el monto de la indemnización por daños morales y materiales, en 3.164 millones de pesos.

Por estos hechos, la exjuez de Lorica fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión, y al pago de una multa de 50 millones de pesos. Además, recibió una inhabilidad de 84 meses para ejercer funciones públicas.

Condenada por Carrusel

Recordemos que el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 27 años y 11 meses de prisión a la Juez Civil del Circuito de Lorica, Isabel Loreley Montes Oyola, por el llamado caso del Carrusel de la Educación en Córdoba, en el que decenas de profesores se vieron beneficiados con pagos irregulares de pensiones sin cumplimiento de requisitos de ley y que sumaron por lo menos $80 mil millones de pesos en total.

En su momento, el alto tribunal acogió la solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que la encontró responsable de 35 delitos de prevaricato por acción, 9 delitos de cohecho propio y 12 delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía a favor de terceros.

La pena impuesta es de 335 meses prisión, 20 años de inhabilitación al ejercicio de derechos y funciones públicas y una multa de 50.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y el 2012, y están relacionados con fallos, aparentemente irregulares, en los que el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, en cabeza de la hoy condenada, ajustó las pensiones de varios docentes.

Se constató que, para sustentar las peticiones ante el juzgado, fueron presentados poderes falsos y documentos que simulaban resoluciones expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba que, supuestamente, reconocían las mejoras pensionales a un grupo de empleados del magisterio.

Las conductas detectadas habrían sido concertadas entre funcionarios y los abogados demandantes. Estos últimos son señalados de aportar los elementos espurios con los que se obtuvieron las sentencias.

La nueva pena contra la ex juez de Lorica se hará efectiva en centro carcelario, luego de que ella termine de cumplir otra sentencia en su contra.

Nexos con Ramón Jaller

Isabel Loreley Montes Oyola tuvo vínculos muy cercanos con el ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, Ramón Jaller Dumar,.

El exmagistrado Ramón de Jesús Jaller tenía la tarea de verificar si la jueza Isabela Montes, su amiga, estaba permitiendo el desfalco de los recursos de Córdoba. Sin embargo, hizo todo lo contrario y por ello recibió una pena de ocho años privado de su libertad.

La tarea de Jaller era verificar que los jueces de Córdoba hicieran, justamente, su trabajo. Sin embargo, se hizo el de la vista gorda con una jueza amiga que, al parecer, estaba permitiendo el desfalco de los recursos del departamento.

El expediente tiene su origen en 2011, con una denuncia de la entonces gobernadora cordobesa, Martha Sáenz Correa. En un escrito ante el Ministerio de Educación, alertó que la plata de la región estaba congelada y embargada, porque una jueza estaba repartiendo a diestra y siniestra derechos personales, a personas que no cumplirían con los requisitos. Se trataba de la jueza Isabel Loreley Montes, jefe del Juzgado Civil del municipio de Lorica.

El exmagistrado Jaller ocupaba una plaza en la Judicatura de Córdoba, por lo cual se encargaba de investigar y sancionar a jueces con un sentido de justicia torcido. La denuncia de la gobernadora llegó al despacho de Jaller, quien el 1 de abril de 2011 lo anexó a su lista de tareas.

De acuerdo con el expediente, el exmagistrado, entre las múltiples herramientas que podía tomar para resolver el asunto, simplemente solicitó una prueba: le pidió a la jueza Montes que le enviara un informe.

Con esa única y solitaria prueba, el exmagistrado Jaller se lavó las manos y el 31 de agosto de 2011 archivó la investigación disciplinaria contra la jueza Montes. Esa decisión, una década después, desembocó en una sentencia por prevaricato por acción y omisión.

Es decir, hacer todo lo contrario a lo que se espera para su cargo. Nunca indagó en los procesos judiciales que tenían en alerta a la gobernación, ni constató si los reclamantes de pensión en realidad merecían gozar del derecho laboral.

Recordemos que el pasado 20 de agosto, la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Ramón de Jesús Jaller Dumar, a una pena de 8 años y 7 meses de prisión, como autor del delito de prevaricato por acción y autor de prevaricato por omisión, cargos que fueron aceptados por el procesado.