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Inseguridad

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12 de mar. de 2023

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Por: Roberto Samur Esguerra.

La inseguridad alcanzó niveles alarmantes. Sabemos que sus causas son múltiples, si van desde las desigualdades sociales y económicas hasta la consolidación de otros factores, como el de la conformación también de bandas locales dedicadas al narcotráfico. 

La autoridad civil hace lo que puede, pero la situación desborda su competencia, si ella es jefe de policía, pero no de la policía, por lo que los resultados de esos recurrentes consejos de seguridad dependen más de la voluntad del cuerpo armado que de la del gobernante, maniatado como queda frente a la siempre alegada escasez de recursos humanos y económicos para adelantar los operativos de rigor. 

Existen causas objetivas que deben tratarse en equipo por las instituciones públicas y de algunas ONG encargadas de lo social. Pero también hay otras originadas en decisiones políticas ideologizadas y en una legislación permisiva y garantista que no permiten acciones severas y contundentes para sentar precedentes que conduzcan a la disuasión de potenciales delincuentes, cuya impunidad es la regla general, pues se les deja en libertad el mismo día de su captura, si es que se produce. Y no se sabe si es como consecuencia de la ley o por laxitud judicial, por el hacinamiento carcelario o por ambas. Y, entonces, aumenta la incertidumbre y cunde la desesperanza, más aún por cuanto, a pesar de nuestros principios democráticos, quisiéramos imitar a otros países que en su lucha contra la delincuencia han logrado superar esta calamidad, implantando penas severas para los delitos que más conmueven a la sociedad, tales como el homicidio, el secuestro, el atraco callejero, y, por supuesto, la corrupción, con el resultado de  grandes cambios que, según la lente ideológica con que se les mire, se podrían catalogar de represivos y radicales, si para algunos organismos de derechos humanos, es un modelo restrictivo y autoritario. Pero la verdad es que las medidas tomadas, les han servido a esos países para constituirse en unos de los más seguros, a partir de la depuración del sistema judicial y de una legislación que logró consolidar un cambio en la conducta de la población, al crear instrumentos que le originan sentido de seguridad. 

Los problemas del departamento y de Sincelejo son muchos. Las soluciones para algunos de ellos están en marcha a cargo de empresas privadas como la de acueducto, electrificación, educación y salud. No acerca de la seguridad pública, siempre función del Estado, razón por la cual, así como están las cosas, aquí el problema de la inseguridad se constituye en materia prioritaria para los electores de octubre. 

NOTA: En lugar de destruir las grúas de la minería ilegal, el Gobierno debería decomisarlas y enviarlas a la Mojana. A escondidas de Pava, claro.