Redacción. Ya han pasado un año y diez meses desde que el líder social Diego Mercado Castillo instauró ante la Fiscalía una denuncia contra el diputado Jairo Barona; la exdiputada Karyme Cotes; el ciudadano Carlos Navarro, y el exalcalde de San Onofre Teódulo Cantillo Martínez, y aún el ente penal no ha tomado una decisión con respecto a los hechos denunciados.
Por esa razón, el abogado sigue esperando tal decisión, pese a que hace cuatro meses solicitó un impulso procesal a la Fiscalía.
Es de anotar que estas personas fueron denunciadas por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. Exactamente porque, según el denunciante, Cotes, Navarro y Barona le otorgaron el aval del Partido Liberal a Cantillo estando inhabilitado. Y para el caso de Cantillo, porque se inscribió a la Alcaldía de San Onofre a sabiendas que no podía por estar inhabilitado.
En el impulso procesal, el abogado alega que la denuncia fue interpuesta el 21 de junio de 2021, tiempo en el cual no se han definido los términos o la investigación de la misma. "No se ha producido ningún avance que determine la responsabilidad de los denunciados. El día 12 de agosto de 2022 fui escuchado en ampliación de la denuncia, en la cual me ratifiqué y aporte material probatorio que indican la juridicidad de los hechos violatorios, contrarios a la ley y que determinan hechos punibles", dijo el denunciante.
Por esas razones, solicitó celeridad procesal, ya que, ha pasado un buen tiempo y la Fiscalía no ha podido establecer posibles responsabilidades.
Señaló que el 30 de marzo se acercó a la Fiscalía 27 a preguntar por el proceso y le dijeron que había emitió unas órdenes de servicio al investigador Orlando Villafañe, consistentes en traer al proceso el manual de funciones de la Asamblea de Sucre y el acta de posesión de Teódulo Cantillo.
"Cabe recordar a la Fiscalía de que todos esos documentos fueron aportados dentro de la demanda con la cual se obtuvo la destitución definitiva del señor Cantillo Martínez, sentencia que se encuentra ejecutoriada y de la cual la Fiscalía tiene pleno conocimiento, ya que está situación fue un hecho público. También es de anotar que esos mismos documentos solicitados por la Fiscalía fueron aportados por mi persona en el llamamiento a la ampliación de la denuncia por la cual están siendo investigados estas personas", dijo.