Redacción. El Meridiano conoció que en total son 12 los investigados por presuntas anomalías en el contrato de viviendas de interés rural que se tenía que ejecutar en tres corregimientos del municipio de Betulia.
Cabe anotar que ya este medio registró a seis, a quienes les imputaron el delito de abuso de confianza calificado. Entre esos están Elkin Ramírez Zuluaga, Régulo Antonio Arroyo, Hernando Enrique Mercado Olivera y Leonardo José Pérez Jiménez.
Los otros restantes, revelados por la Fiscalía, son Grisely Peña Álvarez, Marcos Bertel Vergara, quien para la época de los hechos era el presidente de la junta directiva de Asoproagros; Armando Salgado Buelvas, Jorge López Romero, Iván Mercado y Yamile Nobles González, quien fungió como tesorera de Asoproagros. Esta es la mamá de la diputada Dayana Calderón Nobles.
Este último ramillete debió presentarse el 5 de diciembre para la audiencia de imputación, pero solo asistieron seis. El resto no lo hizo.

Ninguno de los primeros imputados aceptó el delito endilgado por la Fiscalía General de la Nación.

Por lo tanto, trascendió que la Fiscalía 18 Seccional de Descongestión de Sucre solicitará ante un juez las órdenes de capturas para que así respondan al llamado del ente penal y sean judicializado también.
Durante la investigación de la Fiscalía logró establecer que el contratista no cumplió a cabalidad con el proyecto de viviendas en los corregimientos de Albania, Villa López y Sabaneta. La ejecución comenzó hace seis años. Se construirían 226 casas.
La mayoría no se construyeron y las pocas que alcanzaron a construir las dejaron a medias.
Los hechos, que fueron presentados ante la Fiscalía por el entonces personero de Betulia Ismael Ortega Pájaro, indican que en dicho contrato hubo un incumplimiento de parte de la firma Asociación Promotora para el Desarrollo Social Económico y Ambiental de la Costa Caribe (Asoproagros). El contrato lo suscribió el 30 de marzo de 2015 el Banco Agrario con Asoproagros por más de 3 mil 600 millones de pesos.