Sahagún. Cordobeses y sucreños están a la expectativa de lo que pueda ocurrir hoy cuando se de paso a la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos que solicitó el abogado Lesmer Quintero Argel, apoderado de Juan Fernando Soto Garcés y Cristian Mauricio Petro Almanza, señalados de asesinar a Esteban Urueta González, Fredys Manuel Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado. 

A las 2:00 de la tarde será esta cita de manera virtual en la que el juez Manuel Luis Pérez Vargas, cabeza del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún avalará o no dicha petición. Esta noticia le puso los pelos de punta a más de uno teniendo en cuenta la magnitud de los crímenes y el tratamiento que los presuntos homicidas le dieron a los cadáveres. 

Dos de ellos fueron quemados y todos enterrados en una fosa común en la vereda Carolina del Municipio de Chimá en septiembre del año pasado. 

La Fiscalía les imputó una vez empezaron las audiencias preliminares, los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y accesorios, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. 

Lo cierto es que de quedar libres Petro Almanza y Soto Garcés, sería una vergüenza para el sistema judicial por ello, amigos, familiares y la comunidad en general ha mostrado su descontento y su rechazo y solicitan a la justicia que este crimen no quede impune, pues las víctimas eran considerabas personas de bien y trabajadoras. 

Es de resaltar que según la Fiscalía, el móvil de estos asesinatos fue el robo de 700 cabezas de ganado que estaban a cargo de Cristian Mauricio Petro Almanza y que al parecer las vendió sin autorización de Esteban Urueta. Este último haría un inventario de los animales. Luego de conocer que sobre ellos sería expedida una orden de captura, los imputados huyeron a Cartagena donde fueron detenidos por el Gaula de la Policía. 

Es importante resaltar que el abogado de los señalados hizo todo lo posible durante las audiencias para que sus apadrinados no fueran a la cárcel y quiso poner entre dicho las labores investigativas de la Fiscalía argumentando que las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal ya que Cristian y Juan dijeron que fueron golpeados y obligados a declararse culpables.