El Juzgado Cuarto Administrativo Mixto de Montería profirió medida cautelar preventiva para proteger derechos e intereses colectivos relacionados con la defensa del patrimonio público y suspendió los efectos jurídicos de los actos administrativos contenidos en el acta 004 del 5 de diciembre de 2023, Resolución O7654 del 19 de diciembre de 2023 y la Resolución 08095 del 29 de diciembre de 2023, expedido por el Departamento de Córdoba.

Los actos administrativos se refieren al pago de acreencias a docentes reconocidas en el proceso de restructuración de pasivos del departamento en la Ley 550.

Se pidió la medida cautelar de suspensión, la cual fue concedida, mientras se determina el valor real de la obligación, como quiera que se perciben actos de corrupción en la liquidación de los montos a pagar. Esta medida cautelar no solo tiene por objeto salvaguardar el patrimonio público, sino también garantizar la moralidad administrativa, evitando que los actos irregulares continúen afectando la correcta ejecución de los recursos del Estado.

El Meridiano conoció que la suma que se reclama es cercana a los 18 mil millones de pesos, pero lo que es aún más grave, se indaga si esa misma cuenta fue cancelada hace cerca de 15 años por la propia Administración Departamental. Sin embargo, tal como ha sido su postura desde que asumió como gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, ha sostenido que no pagará cuentas que levanten sospechas, tal como lo ha venido realizando con varias de ellas del sector salud. 

Y es que el mandatario desde hace seis presentó una una denuncia contra personas por establecer ante la Fiscalía por las serias sospechas de presuntos actos irregulares con el reconocimiento del pago de censantías a docentes fantasma, proceso del que a la fecha poco se conocen sus avances. Con esta decisión el despacho judicial frena lo que habría sido un nuevo desangre a las arcas del departamento por la llamado ‘Carrusel de la Educación’ del que muchos habían dado como sepultado, pero al parecer quedaron algunos tentáculos que hoy buscan desfalcar a la Administración Departamental. 

Los beneficiarios de este sospechoso pago seguramente intentarán tumbar el proceso de reestructuración de pasivos del departamento o Ley 550 en el que se encuentra inmerso desde hace más de 10 años, pero desde la Gobernación se ha reiterado que no habrá pagos a cuentas con indicios de ilegalidad. Eso sería reabrir un nuevo capítulo del ‘Carrusel de la Educación’.