Montería. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante el Juzgado 59 Penal de Conocimiento de Bogotá, a Ottomar Lascarro Torres, quien sería uno de los protagonistas del escándalo de Centros Poblados, que le costó el cargo a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen.

El ente acusador lo sindica de haber cometido, presuntamente los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento privado. Todo esto junto a otras dos personas más que harían parte de ese escándalo; Juan Carlos Cáceres y Juan José Laverde.

Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía General señaló que el considerado 'cerebro' de estos hechos, el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana, habría girado cerca de mil 100 millones de pesos, los cuales habrían ido a parar a las manos de Lascarro y Laverde.

Según la Fiscalía: "Laverde habría servido como intermediario para que Lascarro prestara los nombres de dos de sus empresas para crear la unión temporal Centros Poblados, de tal manera que acreditara suficiente experiencia técnica, financiera y jurídica para quedarse con el contrato de conectividad", el cual estaba por 70 mil millones de pesos.

En febrero de 2022, Lascarro Torres y a sus socios se les había imputado cargos.