Por: Peyi Paternina

La demanda de oportunidades, formación, salud o empleo a partir de enfoques diferenciales como la interculturalidad, el territorio o el género, que nos impone la juventud sucreña de hoy nos sitúa a los que discutimos políticas públicas en un estado desafiante. Sabemos que la oferta institucional a los jóvenes genera impactos determinantes, pero debemos definir desde ya los ejes transversales a partir de sus condiciones y potencialidades y así priorizar las intervenciones o los programas, donde uno de esos sea una nueva política educativa.

En Sucre, hay aproximadamente 246.000 jóvenes entre los 14 y 28 años. Su espectro de necesidades va desde el bajo acceso a una salud preventiva, la falta de oportunidades para empleo formal y el emprendimiento, el acoso escolar, la dificultad para acceder a la educación superior, que es de más del 80% en los egresados del bachillerato, o la alta brecha de oportunidades para mejorar sus condiciones socioeconómicas, citadas por el diagnóstico del Plan de Desarrollo Sucre Diferente, hasta amenazas, como el reclutamiento por grupos ilegales, el consumo de sustancias psicoactivas y el microtráfico, por lo que una política pública educativa se ofrece como el conjunto de acciones que impactarían las causas y consecuencias de todas estas condiciones.

La política pública de juventudes departamental, aprobada el año pasado por nosotros los diputados, por fortuna ofrece un marco de conceptos y diagnósticos para formular acciones basadas en la evidencia, identificando diferencias de las demandas de los jóvenes según la subregión, la ruralidad, el entorno urbano, y el acceso a servicios, como el de la conectividad. Por esto, debido a que promuevo la tesis de que los territorios que avanzan se basan en políticas educativas determinantes, lo que destaco de estas es su capacidad articuladora.

La política educativa que propongo debe articular todas las instancias de la formación. Implica que desde la educación básica y media se implementen acciones para aumentar las competencias para formar ciudadanos y así aumentar sus posibilidades de acceso a la educación superior. Se apoya en una cultura de resultados que permitirá a los bachilleres acceder a la educación superior, pero también en la articulación con estas instituciones para que amplíen los programas de educación técnica y tecnológica y estos, a su vez, deberán relacionarse con la oferta de programas profesionales de las universidades de Sucre. Por eso, he insistido en que el Departamento asuma principalmente un liderazgo sobre la agenda de educación superior que, al cumplir con estas condiciones, se articule con el sector empresarial y productivo para que los perfiles que ofertan los ocupen los jóvenes sucreños.

El 80% de los sucreños vive en la informalidad y el segmento etario que más aporta a este indicador, en un 64%, es el de los jóvenes. Debemos lograr que se preparen e integren a la nueva oferta que exigen las instituciones de educación superior mientras abrimos mejores condiciones para la inversión privada, principal generadora de empleo formal.

Desde la institucionalidad se debe trabajar para que la convivencia y la conectividad llegue a todos los colegios e implementar una cultura digital, disminuir la deserción escolar y lograr HAMBRE CERO en los colegios de Sucre con una cobertura completa del programa de alimentación escolar. Así mismo, incentivar la participación ciudadana y el liderazgo como los activos más importantes de la juventud, pero principalmente garantizar que ellos encuentren una plataforma de intervinientes articulados bajo el liderazgo de un Departamento formulador y vigilante del cumplimiento de todos estos objetivos.