Bogotá. Luego de que se conocieran presuntas irregularidades en la celebración de algunos convenios administrativos suscritos por la Dirección Administrativa del Senado, entre el 26 de julio y el 5 de septiembre de 2022, el escándalo no para.

Se cuestiona ahora que la celebración de estos contratos estén beneficiando a personas cercanas de los congresistas, como quien diría, ayudando a los "amigos de la casa".

Al parecer son 800 contratos que beneficiarían por ejemplo a la esposa de Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En este caso el contrato estaría firmado el 20 de noviembre por 40 días y 13 millones de pesos, para apoyar la secretaría general del Senado.

Por otro lado, se cuestiona que los convenios, entre estos; el 784, 1561, 983 y 984 hayan sido firmados por recién reelecta directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin y no por el presidente del Senado, Roy Barreras quien debía aprobarlos.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación de oficio y solicitó la documentación de dichos contratos.

Lo que inquieta e indigna es que los contratos han sido dados a familiares y amigos de funcionarios del Senado. Las empresas contratadas tienen un largo historial de celebración de convenios con el Congreso, en algunos casos, pese a no cumplir con los requisitos.