Por: Brisny Benítez Bruno.
Redacción. Una mañana del 10 de marzo del año 2010 cuando apenas amanecía, a eso de las 05:00 de la mañana, Roberto González Ávila escuchó golpes en la puerta de su casa, nervioso y sin saber que sucedía se asomó por la ventana y logró ver unos hombres armados y desconociendo de quien se trataba hizo una llamada a unidades de Policía quienes se presentaron inmediatamente.

Al llegar la Policía y preguntar por lo que estaba pasando todos se llevaron la sorpresa de que esos hombres de uniforme que tocaban insistentemente la puerta, eran del Gaula y el CTI. Tenían la casa, ubicada en el municipio de Arboletes, Antioquia, totalmente rodeada.

González no encontró otra opción sino abrir la puerta y ponerse a su disposición. Inmediatamente le comunican que tiene una orden de captura por el delito de concierto para delinquir y que automáticamente va a ser conducido a la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Montería, donde solo presentará unas indagatorias y sería puesto en libertad.

Seguidamente procedieron a llevarlo a Montería, en medio del traslado le hacen saber que varios funcionarios públicos, exalcaldes y actual alcalde del municipio en aquella época también estaban siendo capturados. Al llegar a la capital cordobesa se asombra al ver que junto a él se encontraban 25 personas más, entre esos habían exfuncionarios y exalcaldes de diferentes municipios del Urabá Antioqueño, González Ávila era exaspirante a la Alcaldía del Municipio de Arboletes, exfuncionario público y comerciante.

Horas más tardes les informan que no los pondrán en libertad, puesto que en unas cuantas horas serán trasladados al búnker de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá.

Roberto recuerda que "aproximadamente a las 9:00 de la noche efectivamente nos trasladaron al aeropuerto Los Garzones en un camión, a las 12:00 de la noche nos recibió un avión perteneciente a la Fuerza Aérea, en el cual viajamos a Bogotá. Aterrizamos a la 1:00 a.m., inmediatamente fuimos trasladados al búnker de la Fiscalía donde procedieron a hacernos las debidas indagatorias".

Sigue relatando que en ese lugar estuvieron recluidos durante dos días, al tercer día fueron movilizados a la cárcel La Picota también en Bogotá.

"Todo este show lo hicieron para demostrar que la Fiscalía estaba haciendo justicia en contra de las autodefensas en la zona de Urabá y por eso nos acusaban de ser cómplices de dichos grupos armados al margen de la ley", relata hoy Roberto quien tiene un negocio de venta de productos de aseo en Montería y quien quiere borrar por completo ese amargo momento.

Y es que para él no fue nada fácil todo eso, estuvo recluido durante tres largos años en la cárcel La Picota de Bogotá procesado en la Fiscalía con la ley 600 donde el primer año fue de instrucción de investigación.

Ese primer año a pesar de que la Fiscalía no contaba con pruebas suficientes, se le hizo una resolución de acusación y fue puesta en manos de Juez, durante el procedimiento de acusación y reparto se va todo un año en dicho proceso y sigue detenido en la misma cárcel.

Cuenta que la experiencia vivida en aquel lugar es la peor de su vida, dice haber sufrido humillaciones por parte de la guardia, pasó muchas necesidades y con ello vinieron enfermedades físicas y psicológicas, desafortunadamente en su paso por esa cárcel sus proyectos a seguir se truncaron y sus negocios familiares fracasaron.

Después de dos años le asignan a un juez del circuito penal de Bogotá quien programa un proceso de audiencias las cuales se vieron afectadas por paros que se presentaron en la rama judicial, sin embargo, Roberto seguía detenido.

Con el pasar de algunos meses se reanudaron las actividades de la rama judicial, seguidamente empieza su proceso de defensa y acusaciones por parte de la Fiscalía. Durante este proceso se da la etapa en la que el juez se dedica a explorar la verdad y ordena una audiencia en la cual se interrogan a los jefes paramilitares y a los detenidos, teniendo en cuenta que los detenidos tienen derecho a la defensa.
Durante este procedimiento el abogado de González Ávila interroga a varios jefes de grupos de autodefensas de la zona de Urabá quienes declararon que no conocían a Roberto, otros declararon que lo distinguían por haber sido aspirante a la alcaldía pero que no tenían ningún tipo de vínculos o relaciones.
Luego de estas declaraciones se empiezan a recoger pruebas a favor de Roberto. Cumplidos los 3 años se terminan las audiencias, específicamente un 13 de marzo de 2013 el juez aun no emitía una sentencia en contra o a favor, el abogado solicita la libertad de su cliente por vencimiento de términos, a lo que el juez accede a concederla después de haber estado tres años privada de ella.
El 22 de mayo de 2014 el juez dicta sentencia absolutoria, es decir lo declara inocente del delito de concierto para delinquir, pero ya los daños y perjuicios económicos, sociales, culturales, físicos, psicológicos, entre otros ya estaban hecho, sin embargo este no fue impedimento para volver a levantarse y luchar por su familia, la misma que siempre lo respaldó y creyó en su inocencia.