Sincelejo. A un poco más de 2 años de asumirse como la salvación del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), la EPS Familiar de Colombia fue catalogada como inviable por la Contraloría General de la República.  

En el reciente informe de la Contraloría sobre la situación fiscal de las EPS del país (al mes de octubre de 2023), Familiar de Colombia figura entre las que no cumple con activos de inversión y muestra un indicador de liquidez menor a 1 por ciento, es decir no tiene capacidad de inversión.

Deuda millonaria 

Se destaca que tras ser creada (en mayo de 2022) Familiar de Colombia tiene deudas por el orden de los $88.589.653.669 con IPS, proveedores de medicamentos y de tecnologías en salud. Según la Contraloría el 93% de esta cartera de las EPS con las IPS es menor a un año.

En esta pérdida de la Familiar de Colombia hay comprometidos recursos de los sucreños, pues la Gobernación tienen el 25 por ciento de las acciones con inversión inicial por 3.500 millones de pesos, pues así lo autorizó la Asamblea a través de la Ordenanza 042 de 6 de noviembre de 2020, que presentó el entonces gobernador Héctor Olimpo Espinosa para crear una EPS mixta.

Tras el proceso Comfasucre se quedó con el 22,22% de las acciones, por $4.000 millones. Es decir, 47 por ciento de las acciones son con recursos de los sucreños y el 53% quedó en manos de privados.

Accionistas privados

El resto de acciones quedaron así: Viva 1A IPS, con sede en Barranquilla con el 22,22%; IPS Punto Vital, con sede en Sincelejo con el 13.89%; Red Médica Especializada de Colombia (Barranquilla) el 11,11% y Ortopédica Europea S.A.S, de Barranquilla con el 5.56 %.

Esta EPS nace bajo la figura de escisión, asumiendo todo el negocio de Comfasucre EPS: su certificado de funcionamiento, la administración de la UPC de sus 116 mil afiliados en 21 municipios de Sucre, su red prestadora de servicios, así como los contratos de prestación de servicios de salud vigentes.

UPC 

La UPC Unidad de Pago por Capitación, es el valor anual que reconoce el Estado por cada afiliado al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.

El riesgo está precisamente en el modelo planteado, pues Familiar de Colombia pretendía crecer en afiliados de manera sostenida año a año, pero con los resultados evidenciados por la Contraloría General de la República no cumple ni alcanzará a cumplir.

En la Resolución 2364 de 2023 el valor anual de la UPC se fijó en $1.444.086. Esto multiplicado por los 116 mil afiliados es el dinero que recibe la EPS.

Lo que proyectaba

"En los ingresos de actividades ordinarias proyectados, se observa un buen horizonte, puesto que se tendrá un crecimiento promedio del 8% a partir del año 2021 hasta el 2030, como resultado del aumento de los afiliados, la UPC, las incapacidades generales, la liberación de la reserva técnica, copagos, ingresos por presupuestos máximos, y ajustes por desviación de la siniestralidad, así mismo, se espera que en el primer año se facturen $124.783 millones y en el año 2030 se proyecta un ingreso de $249.751 millones como se muestra en la gráfica anterior", reza en el modelo financiero. 

Estas eran la proyecciones del negocio de la EPS Familiar de Colombia. 

Con la decisión están en riesgo los recursos de los sucreños

ituación crítica

La Contraloría revela que la entidad al mes de octubre pasado tiene gastos de administración por $4.779, lo que significa un 4,33% de sus recursos.

La consultora Urano, en el 2019, avaluó el plan de salud de la Caja de Compensación Familiar de Sucre, Comfasucre en 120.948 millones de pesos. 

Sus activos corrientes son por 105.728.521.442 pesos. En gastos no corrientes registra 17.000 millones de pesos. Para un total de 88.589.653.669 en deuda con IPS, proveedores de medicamentos y tecnologías en salud. Así las cosas, Familiar de Colombia no tiene la capacidad económica para pagar servicios por lo que no podrá seguir creciendo en afiliados.

Cobertura 

Antioquia: Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo, Chigorodó y Arboletes. 

Atlántico: Soledad.

Bolívar: Cartagena, Magangué, Turbaco.

Cauca: Popayán.

Cesar: San Alberto, Valledupar.

Córdoba: Lorica, Montería, Pueblo Nuevo Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, Tierralta, Valencia.

Cundinamarca: Funza y Saocha.

La Guajira: Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.

Magdalena: Pivijay, Santa Marta.

Nariño: Pasto.

Sucre: Caimito, Buenavista, Chalán, Colosó, Corozal, Coveñas, El Roble, Galeras, Guaranda, La Unión, Los Palmitos, Majagual, Morroa, Ovejas, Palmito, Sampués, San Benito, Betulia, San Marcos, San Onofre, San Pedro, Sincé, Sincelejo, Sucre, Tolú, Toluviejo.

Valle del Cauca: Cali. 

No funcionó del todo el modelo

Cuando le entregó los servicios de salud a la EPS Familiar de Colombia, no se deshizo del total de las deudas, que estaban alrededor de los $44 mil millones, a corte del 2020, de los cuales la Caja asumió $18 mil millones. 

Hoy la escisión de los servicios de salud que vio Comfasucre como una alternativa fue todo lo contrario, porque Comfasucre, a corte de 2022, tiene deudas con IPS y prestadores de servicios de salud por cerca de 34.000 millones de pesos, de acuerdo al informe financiero a diciembre.

Grave en salud

Pareciera que las decisiones del gobierno departamental pasado en materia de salud no fueron las mejores para la salud de los sucreños y las finanzas del departamento. 

La EPS mixta Familiar de Colombia, concebida en el gobierno de Héctor Olimpo Espinosa y que fue autorizada por la Asamblea de Sucre, tiene en riesgo recursos de los sucreños a través de la participación accionaria del Departamento.

Además, no ha sido la mejor decisión el proceso de fusión por absorción para mejorar la situación de tres hospitales y una ESE: Universitario de Sincelejo, como cabeza del proceso, con el de Corozal y San Marcos y la ESE de Betulia.

En la actualidad el Hospital de San Marcos está en proceso de salir de la fusión luego de muchos traumatismos. No se les cumplió a los trabajadores con las promesas de pago ni mejora de la institución. 

Aparte del informe de la Contraloría sobre la situación financiera de las EPS.

Érika Ahumada (de verde) fue directora administrativa de Comfasucre para la época de la decisión, mientras Isabel Porto (centro) era la gerente de la recién creada EPS. En la actualidad Ahumada es la gerente general de la EPS y Porto la gerente financiera.