En los últimos cuatro años, 230 familias cordobesas recuperaron 4.500 hectáreas a través de restitución de tierras

Con un poco más 11 años de creación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prorrogada hasta el 2031 por el presidente Iván Duque con la sanción de la Ley 2078 del 2021, esta política de Estado durante el actual Gobierno, se ha consolidado como un proceso que no solo pretende restituir las tierras a las víctimas de despojo, abandono y desplazamiento forzado, sino que le ha apostado al fortalecimiento económico de las familias beneficiarias con la implementación de proyectos productivos sostenibles .

En territorios como el departamento de Córdoba, la Unidad de Restitución de Tierras desde el 2011, ha logrado devolver a 4.600 víctimas de la violencia, alrededor de 13 mil hectáreas en los municipios de Montería, Valencia, Tierralta, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Ayapel, Moñitos, Canalete y Chinú.

“En Córdoba, durante el actual Gobierno, se ha entregado a 150 familias restituidas, más de $4.700 millones para la puesta en marcha de iniciativas productivas de ganadería bovina, bufalina, apicultura, hortalizas, porcicultura, entre otros, lo que ha permitido también, la suscripción de 80 contratos de comercialización de sus productos o ‘Frutos de la Restitución’ a través de la estrategia Agricultura por Contrato del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, aseguró Dina Luz Montalvo, Directora Territorial en Córdoba y Bajo Cauca antioqueño.

Asimismo, por medio del Programa de Acceso Especial para las Mujeres, durante los últimos cuatro años, 108 campesinas han sido reconocidas como titulares de sentencias, beneficiándose en total 575 mujeres miembros de los núcleos familiares del proceso de restitución en esta región.

En temas relacionados con nuevas intervenciones en zonas de difícil acceso por condiciones de seguridad, se destaca que, durante este Gobierno, se logró el aval y respaldo de la Fuerza Pública para la microfocalización de algunas veredas y corregimientos de los municipios Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador, ubicados en la subregión del Sur de Córdoba.

Demandas electrónicas

Como un gran avance en el buen uso de las tecnologías para la simplificación de trámites y agilidad en la presentación de las demandas de restitución de tierras, la entidad inició la implementación de las demandas electrónicas, lo que permitió que en Córdoba se radicaran 647 demandas de este tipo desde el 2020, logrando economizar cuatro horas el proceso radicado ante la justicia, tener más privacidad, trazabilidad, seguridad en el manejo de la información, así como también ahorro en transporte y papel.

Donde hay restitución hay transformación de vida

Como referentes de restitución, resiliencia, asociatividad y emprendimiento rural se encuentran las parcelaciones emblemáticas de Cedro Cocido y Santa Paula, poblaciones ubicadas en el corregimiento de Leticia, Montería, quienes luego de ser restituidos, conformaron tres asociaciones de productores agropecuarios con las que comercializan leche cruda refrigerada y distintos productos a varias zonas del departamento.

De la misma manera están los beneficiarios de El Tesoro, del corregimiento de Palmira en Tierralta, ellos conformaron la Asociación de Parceleros Retornantes de El Tesoro, construyeron su propio centro de acopio lechero y corral comunitario, donde en la actualidad venden su leche y terneros de levante a empresas de la región como Subastar S.A.

Retos de la restitución en Córdoba

Entre los retos trazados para los próximos años, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, expresó que estos se encuentran relacionados con la seguridad en todas las zonas restituidas, las recientemente microfocalizadas y las que hacen falta por intervenir en el Sur de Córdoba, ya que la seguridad es fundamental para avanzar en el proceso y a su vez es la garantía de no repetición para que las personas vuelvan con condiciones de seguridad y el acompañamiento de la Fuerza Pública.

También destacó como otro de los desafíos, lograr mayor articulación institucional para el cumplimiento de las órdenes judiciales con el fin de reparar a las familias restituidas de manera integral.