Por: Roberto Samur Esguerra

Cada cuatro años advienen nuevas esperanzas sobre el futuro de la Nación, según la persona que asuma la Presidencia de la República. Desde 1958, con la vigencia del Frente Nacional, tales expectativas fueron menores por cuanto las ideologías políticas no ofrecían mayores diferencias por ese abrazo burocrático que se dieron los dos únicos partidos de entonces. Dieciséis años después, con la contienda abierta, y con las candidaturas de Álvaro Gómez Hurtado y de Alfonso López Michelsen, comenzaron a verse marcadas diferencias ideológicas, pero sin sobresaltos porque ambos representaban lo que pudiera llamarse el establecimiento. Lo que siguió fue una lucha interna entre los propios partidos para escoger sus candidatos, con los cuales llegar, no siempre unidos, al día de las elecciones.  Con la aparición de nuevos partidos, tal vez setenta, estimulados por la actual Constitución, algo cambió, pero no del todo, si los sucesivos presidentes se alternaron entre el liberalismo, el conservatismo y el Centro Democrático, y ahora, con la novedad del Pacto Histórico y el anuncio de un cambio de rumbo, posiblemente hacia un sistema socialista, pero a la colombiana, habida cuenta de que la fortaleza de nuestra democracia, impedirá una sustitución de sus instituciones. 

Ya sabemos que es el Congreso el que hace las leyes; que los jueces las aplican y el Gobierno las cumple y hace cumplir.

También, que todos los funcionarios y servidores públicos deben someterse al ordenamiento jurídico, pues solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permite, mientras que los particulares pueden hacer todo lo que no les está prohibido. Es la más simple noción del Estado de Derecho. Por eso, se debe confiar en que el nuevo Gobierno, por más que quisiera, no puede desbordar el sistema republicano que hoy nos rige, vigilado como está por el control constitucional a cargo de la Corte y del Consejo de Estado, y supeditado a la autonomía de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Pruebas de ello son la negativa de jueces y fiscal, apoyados por la procuradora y por el mismísimo presidente del Senado, para dejar en libertad a reconocidos criminales; algunas controversias palaciegas, y otros signos de un sistema de pesos y contrapesos, propio de las democracias liberales. El presidente Petro sabe que sus reformas deben pasar por el Congreso. Igual la declaratoria de los estados de excepción de que tratan los artículos 212 y  siguientes de la Carta, así como los decretos con fuerza de ley que pretenda  dictar durante su vigencia, que, además, son ‘protempore’ y sujetos al control automático de la Corte. Constitucional. También sabe que juró cumplir la ley y que debe actuar de conformidad.