Por Rafael Hernández M.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la reforma a la salud que presentó el Gobierno Nacional a través de su Ministra de Salud, proyecto de reforma que, como se esperaba, ha tenido voces a favor y en contra, más que todo en contra, sobre todo de personas versadas en la materia.

Lo cierto es que antes de la ley 100 de 1993 ninguna persona pobre podía enfermarse en Colombia, pues no tenía plata para ir donde un médico particular corría el riesgo de morirse y, con suerte, era atendida en los hospitales de 'caridad'.

Con la ley 100 los colombianos conocimos términos nuevos como E.P.S, I.P.S, Régimen Subsidiado, Régimen contributivo, copagos, y otros.

El espíritu de la ley 100 fue la de proteger y brindarle a la clase más venerable atención en salud; que donde se atendiera al estrato 5 y 6 también se atendiera al estrato 1 y 2; que el ciudadano no tuviera que pagar una millonada con una hospitalización o quedarse 'presa' porque no tenía con qué pagar una cirugía que le habían practicado.

Sin embargo, por muy bien intencionada que fue la ley, como toda ley: no fue perfecta. Con la amplitud que trajo hizo que la salud no quedara, propiamente, en manos de los profesionales de la salud, sino que también cayera en manos de empresarios, ganaderos, políticos, industriales, gobernadores y alcaldes corruptos y en mercaderes de la salud. Empezaron a explotar a los médicos generales recién egresados y a pagarles sueldos miserables a los especialistas, lo que trajo consigo la mala calidad en la prestación de los servicios y a que solo formules garapitos como ibuprofeno, acetaminofén y guayacolato.

La privatización de los servicios de salud no es mala y la muestra la ha dado la privatización de los servicios públicos. Recordemos cuando el servicio de energía lo prestaban las electrificadoras en los departamentos. Eran un desastre. O cuando la telefonía lo prestaba Telecom o el servicio de agua potable y la recolección de basuras lo prestaban los municipios a través de las empresas públicas municipales, no funcionaban porque todo lo manejaba la política. Con la privatización todos esos servicios mejoraron.

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La ley 100 y a las E.P.S no hay que desmontarlas ni acabarlas, solo mejorarlas, pues están, a la larga, prestando un buen servicio, sino que lo diga los maestros que en materia de salud son atendidos como reyes, mejor que al resto de colombianos.