Por Eduardo Verano de la R.

El presidente Petro presentó al Congreso el principal documento de su gobierno: el Plan de Desarrollo 2022-2026. Todo plan de desarrollo contiene una parte general y un plan de inversiones plurianual. Así mismo, la ley determina que ambas partes deben ser concertadas con las entidades territoriales.

Dentro del proceso de elaboración del plan de desarrollo, por lo general, la concertación con las entidades territoriales, por parte del nivel nacional, ha sido casi nula desde que los Corpes desaparecieron dentro del Sistema Nacional de Planeación. Tanto en la parte general del plan, que define los objetivos y las estrategias sectoriales, como en la parte del presupuesto de inversiones.

Únicamente la concertación de que habla el artículo 341 de la constitución se da cuando el Congreso conoce el plan de desarrollo del gobierno de turno, y esta gira alrededor de la distribución del presupuesto general de la nación en materia de inversión. Pero quiero resaltar que si bien es importante la discusión acerca de la distribución regional del presupuesto de inversión con su definición de proyectos estratégicos de beneficio Regional, es mucho más importante la definición de las políticas sectoriales, que son las que marcan la pauta para programar o asignar los recursos del plan de inversión plurianual. El presupuesto de inversión es solo un 18% del presupuesto general de la Nación, que este año 2023 es de $405 billones.

Casi 60% se va en gastos de funcionamiento.
Está demostrado, por los estudiosos del desarrollo regional, que el impacto de las políticas sectoriales no es homogéneo a nivel territorial. Definir políticas nacionales sectoriales sin mirar su impacto regional puede implicar una asignación sesgada de los recursos del plan nacional de inversiones.

Es el caso del sector rural, donde encontramos regiones o territorios donde lo que predomina es el latifundio, como la costa Caribe, y otras donde lo dominante es la pequeña propiedad, como la región andina. En este caso, aplicar una estrategia sectorial rural nacional para la pequeña propiedad implica desconocer las especificidades de aquellas regiones que no cuentan con esa estructura de propiedad. Y así para otros sectores como: Vías terciarias o vías nacionales.

Lo que se recomienda acá es hacer más activa y profunda la concertación para evitar que el presupuesto general de la nación se presente recargado hacia el centro del país, en detrimento de la periferia del mismo, dado que siempre las políticas sectoriales han sido diseñadas a la medida de la región andina, producto del modelo centralista que sigue imperando en el país a pesar de lo que establece la constitución del 91 en materia de entidades territoriales y su autonomía.

A nuestros congresistas les tocará estar muy atentos en este tema.