Por: Daniela Pérez Vásquez.

El #MeToo es un movimiento que se viralizó en redes sociales en el 2017 para denunciar casos de abuso y acoso sexual contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein. La activista por los derechos civiles, Tarana Burke, impulsó este movimiento y animó a muchas mujeres a contar su historia. Así, mujeres de todos los entornos sociales y económicos reunieron el coraje y valor suficientes para denunciar pública y legalmente a sus verdugos, hombres con comportamientos misóginos y denigrantes, salpicando a muchos con gran poder e influencia en el país americano como políticos y empresarios conocidos, logrando hacer “justicia” en ocasiones.

Este valioso movimiento se esparció por todo el mundo inspirando a otros. Actualmente, en Colombia siento que estamos viviendo una suerte de MeToo, pues las denuncias de abuso y acoso sexual en centros educativos de renombre, instituciones gubernamentales e industrias elitistas parecen no acabar. Cada vez que una víctima decide contar su historia y denunciar a su agresor, aparecen más víctimas de la misma persona que, por una razón u otra, no se habían atrevido a hablar antes. Esta ola brinda cierto respaldo a las mujeres, históricamente violentadas, y es una herramienta que permite consolidar una red de apoyo ante una situación aberrante que causa disgusto, vergüenza y hasta sentimientos de culpa.

Afortunadamente, en nuestro país se han sentado importantes precedentes para las mujeres abusadas, consideradas sujetos de especial protección, según disposición de la Corte Constitucional, las (presuntas) víctimas tienen todo el derecho de realizar denuncias públicas en contra de sus (presuntos) agresores, o como es más común a día de hoy, denuncias por medio de las redes sociales, sin que ello les acarree algún tipo de sanción. Este es un gran paso para evitar la revictimización de las mujeres al interpretar la jurisprudencia desde un enfoque de género que considera además la libertad de expresión de las víctimas al permitir que los hechos se conozcan; aunque bien, judicialmente, es altamente probable que el caso quede en impunidad, o que se dicten penas muy laxas, como en la mayoría de crímenes cometidos en Colombia.

El punto es que, denunciar públicamente permite evitar un “mal mayor” pues conocer el rostro de un (supuesto) enfermo sexual puede de algún modo reducir el accionar de estos criminales y animar a otras víctimas a sumarse a las denuncias, ya es bien sabido que estas “personas” actúan sistemáticamente y el silencio de las mujeres es su mejor arma para abusar. Veo con buenos ojos el respaldo jurisprudencial a la mujer, aunque falta mucho en materia de prevención y protección, con una eficiente educación sexual desde edades tempranas, sensibilización hacia las sobrevivientes y por supuesto un mejor y eficaz accionar de las entidades gubernamentales al momento de realizar las denuncias y dictar las sentencias. Cómo es posible que hombres con una docena de denuncias de todo tipo anden por las calles como si nada, o peor, que continúen conviviendo con sus víctimas en lugares de trabajo, estudio y vivienda. Alcemos la voz.