Por Valmiro Sobrino Oliveros:

Una característica fundamental de las normas jurídicas es su carácter coercitivo. Esto significa que las normas, por ser imperativas deben cumplirse por todos los ciudadanos, vale decir, que los súbditos del Estado no tienen otra opción que cumplirlas. La coercibilidad implica que el estado debe imponerla por la fuerza, cuando ella es pretermitida por quienes no quieren someterse a su cumplimiento.

Todo esto para referirme a un fenómeno dañino que está ocurriendo en Montería: la ocupación ilegal del espacio público, las alcaldías han venido haciendo en los últimos 16 años un esfuerzo inmenso por construir una ciudad amable con espacios donde todos sus habitantes puedan moverse libremente y disfrutarlos. Han reconstruido casi la totalidad del pavimento, han hecho andenes ornados, casetas para el servicio de buses urbanos, etc.

En Montería se han hecho costosos centros comerciales para albergar a los comerciantes ambulantes que ocupaban el espacio público. Ello, porque este es un derecho ciudadano y a la vez un derecho fundamental de todos a vivir en un ambiente sano y propicio para la vida humana.

No obstante nuevamente la ciudad se está volviendo invivible. Cualquiera a su arbitrio ocupa un andén, una calzada o un parque y establece abusivamente cualquier negocio como si el espacio público fuera de su propiedad. En la carrera segunda, por ejemplo, desde la glorieta de la calle 42 hasta la 36 carros de toda clase parquean a lado y lado de la vía obstruyendo el tráfico normal. Empresas de distribución de materiales y productos varios atraviesan vehículos de descargue a cualquier hora. Talleres funcionan en la calle ocupando andenes sin un solo requerimiento de las autoridades.

Es un deber de las autoridades comenzando por la Alcaldía y la Secretaria de Gobierno impedir con la ley la ocupación del espacio público.

De la misma manera retirar a los vendedores que se sitúan en los andenes o en las esquinas del centro de la ciudad de manera arbitraria. Es que el espacio público no tiene propietarios porque este está concebido para el disfrute de todos y no de unos cuantos. Hacer cumplir las disposiciones legales es un deber de las autoridades y para eso están constituidas.