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El derecho a la defensa también se ejerce guardando silencio

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7 de feb. de 2023

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Por: Dr. Inocencio Meléndez Julio Ph.D

A propósito de la reestructuración de la salud y la fusión de los hospitales del departamento de Sucre y la privatización de los prestadores de los servicios a los usuarios, El Meridiano de Sucre quiso conocer la opinión de diputados y congresistas sucreños. Para ello envió el mismo cuestionario a nuestros representantes en las corporaciones públicas de la Asamblea y congreso de la República.

Los únicos diputados que respondieron fueron la Katiana Aguirre, del Partido Cambio Radical; Lucía Cohen, del Conservador, y Pedro Paternina, Liberal y los representantes a la Cámara Luis David Suárez y Luis Ramiro Ricardo.

Independientemente que la opinión del diputado Pedro Paternina Gulfo sea de apoyo total a la decisión de la administración departamental en la fusión y demás de los hospitales, que la posición de la diputada Lucía Cohen sea la de sugerir una veeduría especial al proceso de fusión de hospitales, y que los representantes a la Cámara Luis David Suárez y Luis Ramiro Ricardo sea una posición distante frente a lo que está pasando con la salud de Sucre, y que la posición de la Diputada Katiana Aguirre sea crítica y de abierta oposición a la fusión y privatización de la salud en Sucre y que de manera frentera y sin miedo al poder de las estructuras de poder del Gobierno Departamental exteriorice su voluntad de defender a los usuarios y trabajadores de la salud, saludamos que los representantes del pueblo hayan contribuido a enriquecer el debate expresando en uno y otro sentido sus opiniones.

Estemos de acuerdo o no con sus opiniones, es importante conocer lo que los diferentes actores políticos piensan sobre la fusión de los hospitales de Sincelejo, San Marcos, Corozal y San Juan de Betulia, para que la opinión pública y los electores conozcan la posición de sus dirigentes y en próximas campañas evalúen la coherencia, propuestas y perfiles de cada político.

Dichas opiniones son respetables, en tanto ninguna democracia del mundo ha conocido el unanimismo, y el libre examen y el disentimiento es sano desde la perspectiva dialéctica de un demócrata.

Ahora bien, haciendo el esfuerzo para escrutar el silencio de los diputados Jairo Barona, Rosalva Cury, Ramón Segura, Rafael González, Yahir Acuña, Luis Alfonso Álvarez y Carlos Carrascal, y los demás congresistas, -posición también que respetamos-, llegamos a las siguientes conclusiones.

La primera, que los congresistas y diputados sucreños que no respondieron a la pregunta sobre qué piensan de la fusión, liquidación o privatización, en todo caso sobre la reforma en la prestación de los servicios de salud en Sucre, podríamos pensar que es una estrategia política para no expresar en público su posición para no entrar en confrontaciones políticas con la administración departamental, o también podría ser porque no les interesa el tema, ni los usuarios, ni la prestación de los servicios de salud, ni lo que ocurra con esos asuntos públicos en el departamento.

La segunda, en relación con los diputados que guardaron silencio y no expresaron sus opiniones ante la pregunta, pero que votaron positivamente las ordenanzas que autorizaron dicha restructuración y fusiones de los hospitales, podría concluirse que están desde ya ejerciendo el derecho constitucional a la defensa, a través del ejercicio de otro derecho también superior, que es el derecho de no autoincriminación, que es el derecho a guardar silencio, pues frente a dichas ordenanzas hay muchos interrogantes que deben explicarse ante los organismos de control, al autorizar unas fusiones sin los respectivos estudios técnicos, financieros y legales, así como la omisión de autorizar facultades sin señalar condicionamientos o requisitos mínimos para la entidad absorbente y las absorbidas, así como otros interrogantes que hay que explicar.

Si la razón fuese la segunda, no podríamos hacer crítica alguna, porque el silencio de dichos diputados obedecería al ejercicio de un derecho constitucional protegido por el artículo 29 y 33 superiores, que garantiza como medio de defensa el derecho a guardar silencio frente a las investigaciones que se avecinan.