Por Germán Vargas Lleras

En el mundo entero se habla de la transición energética sostenible y justa y, añado yo, ordenada. Debe hacerse cuidando el elemento de seguridad para que podamos siempre atender la creciente demanda de energéticos, también con total respeto por el medio ambiente y, por último, cuidando el acceso y la capacidad de pago de las personas. O sea, justicia y equidad social. Nadie se está oponiendo a esto en Colombia. Lo que se ha dicho es que cada país debe hacer esa transición a su propio ritmo y considerando sus recursos y capacidades.

En Colombia, el peso de los hidrocarburos asciende al 5 % del PIB y a 40 % de nuestros ingresos externos. Por eso no podemos prescindir de la explotación de petróleo, gas y carbón de la noche a la mañana, como lo exige el presidente Petro. Tampoco podemos convertir todo el parque de generación térmica del país a energías renovables de un día para otro, y dudaría que incluso en el mediano plazo sea un objetivo por perseguir, dada la debilidad que introduciría a nuestro sistema de generación.

Dicho lo anterior, el Gobierno debería estar concentrado en impulsar la construcción y puesta en marcha de todos los proyectos de energías renovables y de transmisión ubicados especialmente en el Caribe y el departamento de La Guajira. La realidad es que ninguno de los 19 proyectos adjudicados en la subasta de 2019 ha entrado en operación. La situación no puede ser más preocupante. Empresas tan reconocidas como Celsia (Parques Acacias y Camelias, 350 MW), EDP Renovables (parques Alpha y Beta, con 500 MW) y Enel (Windpeshi, 205 MW) han comunicado recientemente sus dificultades y la imposibilidad de construir los proyectos que ya tienen obligaciones de energía firme con el sistema para atender una demanda que crece a ritmos cercanos al 4 % anual.

El riesgo de desabastecimiento es real, y más aún cuando está confirmado, con una posibilidad de más del 80 %, que en el siguiente semestre tendremos que enfrentar nuevamente el llamado fenómeno de El Niño, con sequías fuertes y quizás prolongadas. La ministra Vélez dice no estar preocupada por un posible apagón, pero muchos expertos opinan lo contrario y mencionan, junto con el crecimiento de la demanda, la no entrada en operación de muchos proyectos renovables y también de infraestructuras de transmisión (GEB e ISA) indispensables para el funcionamiento del sistema, como aquellas de Colectora, Sogamoso, Norte, Virginia-Nueva Esperanza y refuerzo suroccidental.

Estas empresas y muchas otras no están cañando. La verdad es que se ha vuelto imposible la obtención de una licencia en la Anla o en las corporaciones autónomas, en el Invías o en la Upme. Ni qué decir cuando interviene la dirección de Consulta Previa del Mininterior. La presencia de comunidades indígenas en las zonas de desarrollo de los proyectos y la forma como el propio Gobierno las ha animado a exigir, por no decir extorsionar, a los inversionistas ya se refleja en que, por ejemplo, en La Guajira es posible que no se pueda desarrollar un solo parque eólico en los próximos años.

¿Cómo puede un gobierno que aboga por una transición energética sostenible hacer tan poco, por no decir nada, para impulsar los proyectos eléctricos y, por el contrario, impulsar en el Plan de Desarrollo un incremento de la sobretasa para proyectos renovables del 1 al 6 %? En realidad se calcula que los incentivos para el desarrollo de las renovables, iniciados con la Ley 1715, se han visto recortados en más de un 75 %. Tampoco contribuyen las pésimas señales de seguridad y confianza indispensables para los inversionistas. Ejemplo de ello, la amenaza de intervención administrativa de las tarifas eléctricas, la intervención fallida de la Creg y la amenaza permanente de reforma de las leyes 142 y 143 de 1994, fundacionales del sector.

Por el camino que vamos no se va a construir ningún parque de generación en La Guajira, no conseguiremos contar con la infraestructura de generación, transmisión y distribución que el país necesita, no lograremos tampoco reducir las tarifas eléctricas y eventualmente volver a sufrir racionamientos o apagones que creímos superados. Esos son los peligros reales de las narrativas ideológicas y de costosos liderazgos mundiales construidos en contravía de los intereses nacionales.
Colombia, potencia mundial de la energía verde, qué cuentazo. (El Tiempo)