Montería. Lo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Córdoba es de no creer. Y lo es cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a respetar los derechos de la infancia en el país, pero parece que, en este, su departamento, la directriz es otra.

El desorden que se registra en el Icbf en la Regional Córdoba es producto de que no hay políticas claras en una entidad por la que en los últimos 33 meses han ‘desfilado’ seis directores, todo un antirécord que lleva a que se tomen medidas, como la que empieza a regir desde hoy en 16 municipios del departamento, en los que los menores de edad solo recibirán protección de los defensores de familia en horario de oficina.

La directora (e), Reny González Vargas, quien lleva menos de un mes en el cargo, decidió acabar con la jornada laboral por sistema de turnos que estaba vigente desde febrero del año anterior, es decir, que 24 horas del día los 7 días a la semana, los defensores estuvieran al tanto de cualquier violación de los derechos de los menores. Así las cosas, después de las 6:00 p.m. cualquier vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, solo será atendida a las 8:00 a.m. del día siguiente. La medida también los deja desprotegidos los fines de semana y los festivos. La decisión no afecta a Montería y los municipios a su cargo, pero sí a los centros zonales de Montelíbano, Lorica, Cereté, San Andrés de Sotavento, Tierralta y Planeta Rica.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara le ha insistido al Gobierno Nacional que designe en propiedad a un director del Icbf en Córdoba, pero este prefiere seguir cambiando cada cinco meses.

El argumento para suspender la jornada es que desde que entró a regir ese mecanismo de turnos y hasta la fecha, el Icbf ha cancelado cerca de mil millones de pesos. En pocas palabras, se trata de una decisión netamente económica, sin evaluar otros criterios, como el comportamiento de las comunidades en zonas de conflicto en el departamento.

Reclamos y respuesta

Durante una reunión de la Directora (e) con defensores de familia, a la funcionaria se le expuso el efecto trascendental de eliminar la prestación del servicio en los centros zonales distintos a Montería y que eso sería privar a los niños, niñas y adolescentes del departamento del servicio público de bienestar familiar, lo que calificaron de peligroso. Y se le preguntó, ¿cómo se va a garantizar la atención cuando existan reportes en las noches, fines de semana y festivos, en los municipios donde se elimina la jornada laboral por turnos? A lo que Reny Gonzáles respondió: "Niño que aparezca en el departamento de Córdoba, la línea es que la directora regional lo asume. Si está en el hospital, yo asumo el pago de la auxiliar que lo acompañe, mientras se logra establecer un convenio con una IPS que posibilite el pago de auxiliares de enfermería para que acompañen a los niños mientras estén en el hospital". 

La respuesta no despejó ninguna duda, ya que no es un secreto la crisis que atraviesa el sistema de salud en el país.

Finalmente, los defensores de familia reclamaron que cuando se implementó esta jornada laboral de turnos, las directivas de la época manifestaron que Córdoba era el único departamento en el que no se no había implementado ese sistema, pero ahora, afirman que es el único en el país con esa modalidad.