Dos congresistas más que llama la Corte a responder

Redacción. Según conoció El Meridiano, la lista que reposa en la Corte Suprema de Justicia de congresistas y excongresistas, que al parecer negociaron con funcionarios territoriales los llamados cupos indicativos, a través de contratos, es considerable y en su momento podrían caer como naipes.
Los primeros parlamentarios en caer en manos de la Corte son cordobeses, tal es el caso del exsenador David Barguil a quien el alto tribunal penal le abrió una investigación formal, al tiempo que lo citó a indagatoria porque se habría interesado en un proyecto en el municipio de Galeras, Sucre, a cambio de tener réditos económicos, dice la Corte.
A ese mismo caso de Barguil, se le suma los también excongresistas cordobeses, Raymundo Elías Méndez Bechara y Sandra Elena Villadiego Villadiego, que fueron vinculados a esa investigación formal de la Sala de Instrucción de la Corte por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio.

Las intervenciones indebidas que estos habrían hecho, según la Corte, fue ante el Departamento de Prosperidad Social, hoy PS.

Este proceso es relacionado con presuntas irregularidades en esos cupos. Los excongresistas presuntamente habrían influido ante el Gobierno nacional para que se destinaran las partidas presupuestales que les habían sido asignadas a ellos para la financiación de proyectos civiles en el municipio de Galeras.
Según informó la Corte, los excongresistas habrían hecho toda esta gestión a cambio de recibir una contraprestación económica ilícita. Al parecer dicho pago por conseguir la financiación para las obras civiles habría sido concertado previamente con el mandatario local del municipio de Galeras de ese entonces.
Es de anotar que cuando estalló este caso de los cupos indicativos, los primeros capturados fueron Remberto Amell Hernández, exalcalde de Galeras (Sucre), Carlos Eduardo Cueto Corrales, exsecretario de Planeación de ese municipio; Lila Margarita Aldana Argel, particular, y el contratista, Jorge Carlos Álvarez Rivero, se dijo que dentro de esa misma investigación hay congresistas sucreños, alcaldes, exalcaldes y hasta contratistas. Estos en su momento podrían ser citados para que respondan.
Del caso de los exfuncionarios de Galeras, quienes están cobijados con domiciliaria, se desconoce si la Fiscalía ya presentó escrito de acusación, el cual debió hacerlo tres meses después de las capturas y medidas, según expertos en la materia. No obstante, se le preguntó a la Fiscalía, a través de la Oficina de Prensa y al cierre de esta edición no se había obtenido la respuesta.
Para variar, si no se acusan a tiempo, estos implicados pueden quedar libres por vencimiento de términos.