Redacción. El término "derecho a la tierra, el territorio y otros bienes" se ha convertido en un foco de investigación para entidades como la Defensoría del Pueblo que en el seguimiento de la alerta temprana 033 hace énfasis en un renglón especial del territorio sucreño como lo es la población indígena.

Y es que los cabildos de al menos seis municipios de este departamento se ven envueltos en la disputa territorial con los grupos al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo.

Los afectados
La enumeración detallada da cuenta que las poblaciones afectadas son: San Antonio de Palmito: 19 cabildos indígenas que hacen parte del Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre, como son Algodoncillo, Guaimí, Los Castillos, Pueblecito, Palmar Brillante, El Olivo, El Barsal, La Gran Vía, Media Sombra, Pueblo Nuevo, Área Urbana, San Martín, Centro Azul, Chupundún, El Martillo, San Miguel, La Granja y Cabecera.

Así mismo, mencionan a Toluviejo con 14 cabildos indígenas que hacen parte del Resguardo Indígena Yuma de Las Piedras, en constitución, los cuales son Las Cavernas, Queveva, Cienaguita, La Piche, Cañito, Caracol, Las Piedras, Venta La Esperanza, Varsovia, Manica, Palmira, Unión Floresta, Gualón, Los Altos) y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Cañito.

Igualmente, en Ovejas, enumeran a 3 cabildos indígenas autónomos que no hacen parte de ningún Resguardo Indígena, estos son: Galapa, Vilut y San José de Almagra.

En esa línea está San Onofre, con 7 cabildos indígenas, que son Palo Alto, Berrugas, Rincón del Mar, Pajonal y Libertad, San Onofre Urbano y Labarcé.

Afro
Así mismo, en esta población, quince consejos comunitarios: (Negritudes de Berrugas, Rebelión, Rincón del Mar, Étnico Finca La Alemania, Pueblito, Boca de los Días, La Pelona, Corregimiento de Higuerón, Bocacerrada, San Antonio, Labarcé, Negritudes de Palo Alto, Pajonal, Renaciente de los Montes de María, Nuevo Horizonte de Libertad y Mujeres Afrocolombianas Luchadoras del corregimiento de Plan Parejo.

Hay más
En la lista sigue Morroa, con el cabildo indígena Morroy, y Colosó, con La Esmeralda, y los consejos comunitarios Comunidades Negras de Los Montes de María Buenos Aires y el Afrocolombiano La Ceiba.

¿Acciones?
La alerta señala que en coordinación con la Gobernación de Sucre y las Alcaldías de los municipios mencionados, las entidades relacionadas con asuntos de tierra deben revisar lo concerniente a la legalización de predios rurales de la población campesina y comunidades étnicas señaladas en el documento, y si es el caso, impulsar, ejecutar y apoyar los procedimientos judiciales o administrativos tendientes a sanear la situación jurídica de dichos predios con el fin de obtener seguridad jurídica en el objeto de la propiedad.

Análisis
Así mismo, y no menos importante, desarrollar acciones para garantizar el goce efectivo de derechos en el marco del proceso administrativo de restitución de predios, revisando las condiciones de seguridad para la población y los reclamantes.

De manera especial, se recomienda hacer un análisis sobre la capacidad de ocupación material de los bienes que contemple, inclusive opción de compensación en casos de imposibilidad material de ocupar los predios en proceso.

En la subregión de Montes de María, en Sucre, donde están la mayoría de municipios mencionados en la alerta temprana, varios conflictos al rededor del acceso a la tierra y al agua se tejen en relación con la supervivencia de las comunidades étnicas y campesinas, enfrentadas con visiones de desarrollo basadas en la explotación minero-energética en la zona, la agroindustria y la permanencia de los grandes latifundios y las relaciones sociales históricas construidas alrededor de este.

Por la tierra
Estos conflictos 'eco- territoriales' constituyen un elemento de riesgo para la población civil de la subregión que, en el pasado, ha visto como la guerra ha sustituido el papel de la negociación política y social, y si bien algunos tienen características latentes con menor o mayor intensidad, se pueden generar condiciones para que estos se exacerben, en un escenario de crisis económica, climática y de recursos mineroenergéticos.

Afectados
En el monitoreo adelantado por la Defensoría del Pueblo, se han encontrado riesgos para la población reclamante de tierras; para población en proceso de retorno; para campesinos y asociaciones en disputa por el uso y reglamentaciones de playones, terrenos y sabanas comunales; para las comunidades en disputa por el acceso al agua y en defensa del medio ambiente, algunos de ellos relacionados con los efectos medioambientales de la agro industria y por el control social a los recursos públicos.