Por: Ismael Guerra de la Ossa.

Una de las acepciones que trae el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) sobre la palabra “desarraigo” dice que se trata de “separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado, o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos”. El “desarraigo” es, pues, un problema de derechos humanos que está atado a otros derechos humanos fundamentales porque cuando las personas son forzadas a abandonar sus hogares, toda una serie de otros derechos se ve amenazada, incluso el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. Precisamente por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 9 prescribe tajantemente que nadie puede ser sometido a un exilio arbitrario. Esto implica, concomitantemente, el deber del Estado de proteger las personas contra el desplazamiento, pues un “desarraigado” no tiene ningún tipo de interés o relación afectiva con el lugar donde vive o con su entorno y lo más seguro es que en este caso se sienta insatisfecho e infeliz porque aun contando con recursos materiales, sentimentalmente seguirá atado a su tierra, si no material, sí espiritualmente.

Traemos a colación estas disquisiciones sociológicas, si así pueden llamarse, a raíz de la iniciativa anunciada por la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, en el sentido de destinar 1.600 hectáreas ubicadas en Tarazá (Antioquia) para reubicar allí a familias afectadas por las inundaciones en la Mojana. La idea puede ser bien intencionada, pero en nuestro parecer no creemos que sea la más acertada. Es que ello significaría, ni más ni menos, que oficializar el “desarraigo” de centenares de mojaneros con todo lo que ello implicaría en materia de vulneración de derechos humanos, algunos de no poca monta, como los fundamentales, por ejemplo. De manera que habría que pensar y repensar esta idea, pues no sería apropiado ponerla en marcha a las volandas y, sobre todo, sin consensuarla plenamente con la población destinataria, que sería la que en últimas diría la última palabra si se aplica la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual establece que a las personas no se les puede forzar a abandonar su territorio. Desde luego vendrá ahora la estrategia del pensamiento petrista, consistente en meterle ideología a todo, apelando a fraseología barata, adobada con populismo embaucador, para engatusar incautos y entonces hacer ver que esto no es “desarraigo” sino todo lo contrario.