Denuncian a gerente de la ESE de Galeras por prevaricato

Redacción. Héctor Merlano Garrido, representante judicial de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), aseguró que existe una organización criminal que le está vendiendo la idea a los gerentes de las ESE de Sucre que liquiden de forma unilateral los saldos de los contratos del régimen subsidiado de salud que suscribieron con la Caja a través de una figura ilegal.
Esa figura es bajo la modalidad de jurisdicción coactiva.
Recordemos que la semana pasada Merlano denunció penalmente al gerente de la ESE de Sincé, Wilfredo Bejarano Acosta, porque este ordenó el pasado 4 de mayo, mediante la Resolución N° 0002, la liquidación de forma unilateral los saldos de los contratos del régimen subsidiado de la vigencia 2012 al 2021, suscritos con Comfasucre.
Señaló que esta situación también se está dando en otras ESE de Sucre, entre esas la Inmaculada Concepción de Galeras.

La liquidación de los contratos que hizo la gerente de la ESE de Galeras suman $12.020.787.012.

Por eso ayer instauró ante la Unidad Seccional de Delitos contra la Administración Pública, de la Fiscalía, una denuncia penal contra la gerente de ese centro asistencial, Maria Amell Hernández,
Merlano quiere que la Fiscalía investigue a Amell por los delitos de prevaricato por acción y tentativa de peculado por apropiación.
Según el abogado, Amell de forma dolosa liquidó el 3 de mayo de 2022, a través de la Resolución N°0001, los saldos de los contratos capitas del régimen subsidiado de la vigencia 2012 hasta la de abril de 2022, suscritos con Comfasucre.
“Eso no es real, pues constituyen una fantasía. Es un invento lo que están haciendo a través de un proceso de jurisdicción coactiva en donde los gerentes son jueces y parte”, expresó Merlano.
Agregó que, además, del gerente de Sincé y de Galeras, también denunciaron al de la ESE de Tolú, Alfredo Tous, por los mismos hechos.
“Naturalmente se está formando un cartel: el cartel de los procesos de jurisdicción coactiva. Los embargos espurios que van a tener que responder penal y civilmente los gerentes por esa maniobra fraudulenta que están haciendo”, sostuvo Merlano.
Finalmente, Merlano le manifestó a la Fiscalía que ese acto administrativo (Resolución) fue expedido con infracción de las normas en que debería fundarse. O sea sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y falsa motivación.

Autor: El Meridiano