Redacción. Varios funcionarios y asesores del gobierno de Héctor Olimpo Espinosa tendrán que afrontar una denuncia por concierto para delinquir, cohecho, favorecimiento, entre otros, que interpuso ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía el representante de la IPS Nueva Esperanza, Jeo Martínez, entidad de salud involucrada en el caso de los enfermos mentales. La denuncia recae sobre: Rodrigo Fortich Abisambra, secretario de Salud departamental; Sandra Toro, secretaria de Salud departamental (e); Jenny Lindo Díaz, secretaria general del departamento, y Carlos Alcalá Mugno, de control interno de la Gobernación de Sucre. También implica a: Donaldo Jiménez Meza, jefe de jurídico; Héctor Merlano Garrido, abogado contratista; Indira Martínez Collazos, de la oficina de Auditoría de la Secretaria de Salud Departamental, y María Eliana Guerra, directora de proyecto Auditoría VCO Consulting. Conozca los pormenores.

Contexto. Ante la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía Anticorrupción de Sucre, fueron denunciados Rodrigo Fortich Abisambra, secretario de Salud departamental; Sandra Toro, secretaria de Salud departamental (e); Jenny Lindo Díaz, secretaria general del departamento, y Carlos Alcalá Mugno, de control interno de la Gobernación.
Así como Donaldo Jiménez Meza, jefe de jurídico departamental; Héctor Merlano Garrido, abogado contratista; Indira Martínez Collazos, de la oficina de Auditoría de la Secretaria de Salud Departamental, y María Eliana Guerra, directora de proyecto Auditoría VCO Consulting.
La denuncia fue instaurada por Jeo Martínez Herazo, representante de la IPS Nueva Esperanza, involucrada en el llamado caso de los enfermos mentales.
Martínez los denuncia por presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, favorecimiento, infidelidad a los deberes profesionales y fraude procesal.
En dicha denuncia, Martínez, quien también ha denunciado a magistrados y jueces, narra que existe unas artimañas que se gestan desde el equipo interdisciplinario del gobernador Héctor Olimpo Espinosa, en el sentido de que el departamento está utilizan maniobras para evadir su compromiso como deudor.

"EL comportamiento de Yenny Lindo y de su apoderado judicial, Héctor Merlano es arbitrario", indica en la denuncia Jeo Martínez.

Cabe de anotar que la IPS Nueva Esperanza le prestó los servicios de salud al departamento en la que atendió a personas con problemas mentales que no estaban aseguradas. El Gobierno departamental le quedó debiendo unas facturas a esa IPS y hasta la presente no ha sido efectivo el pago.
"El desorden técnico administrativo y burocrático que tiene la entidad departamental quiere ser trasladado a los prestadores de salud, ya que al haber transcurrido ocho años de prestar los servicios se niegan a realizar el pago, argumentando una nueva auditoría realizada, a sabiendas que eso está fuera de la Ley, presto que después de realizar una auditoría y ser conciliada y depurada no puede realizarse una nueva. Lo que busca la entidad, reitero nuevamente es evadir el pago de las obligaciones que ellos mismos reconocen que adeudan, perjudicando a los prestadores de salud, luego de que varios años desde que se presentaron las facturas y al día de hoy solo se han negado al pago de las mismas y no solo eso, sino que se escudan en procesos y argumentos fuera de la ley para seguir negándose a sus obligaciones", expresa Martínez en su denuncia.
Señala Martínez que las facturas fueron auditadas, conciliadas y depuradas por la Oficina de Auditoría y confirmadas por la Secretaría de Salud del actual gobierno, en 2020.
En base a eso, Martínez indicó que la nueva auditoría presentada (9 de septiembre 2021) carece de validez y está fuera de lo que establece la ley.
Añadió que el informe de auditoría presentado por la firma VCO Consulting SAS es extemporánea puesto que las facturas fueron radicadas dentro de las fechas establecidas correctamente diligenciadas con los soportes que exige la ley. "En su momento, las respectivas facturas fueron sometidas a un proceso de auditoria por parte del equipo de auditores que se desempeñaba coma tal para la fecha en la Secretaria de Salud del Departamento de Sucre, realizado la misma en tiempo real depuradas y conciliadas, por lo tanto, no puede realizarse otra auditoria a las mismas facturas", señaló Martínez.