Por Valmiro Sobrino Oliveros

La más bella lección de derecho público que aprendí de mis maestros. No existe democracia cuando en un Estado hay un solo poder que manda y ordena sobre los demás.

La Constitución consagra los poderes para que en el Estado de Derecho se conjugue un sistema de pesos y contrapesos que impida la dictadura en razón de que cada poder conserva la independencia que el texto constitucional regula y, esos poderes en su conjunto de manera armónica configuran nuestro Estado Social de Derecho.

La Constitución de 1991 es por tanto garantía de democracia.

Un poder es el ejecutivo; que en nuestro caso se define como un régimen presidencialista en razón de que en nuestra democracia nunca ha existido coetáneamente, como en algunos países primer ministro (premier) y a la vez presidente; por eso el presidente es jefe de Estado y del gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Es además Comandante Supremo de la Fuerzas Armadas y de la Policía.

Es además el responsable de las relaciones internacionales y, como si todo lo anterior fuera poco, tiene bajo su dirección el manejo de toda la economía del país, sus planes de desarrollo y de los servicios públicos de la Nación. Todo ese poder corresponde a la Rama Ejecutiva que tiene también la obligación constitucional de guardar rigurosamente el orden público de la Nación; arts. 188 y s.s. de la C.P.

Pero existen otros poderes diferentes: la Rama Judicial arts. 228 y s.s. de la C.P. que constituye constitucionalmente una jurisdicción compuesta por las Altas Cortes y todos los magistrados y jueces de la República que de ellas dependan más la Fiscalía General de la Nación; Arts. 249 y s.s. de la C.P., el cual es elegido por la Corte Suprema de Justicia; poder este distinto al ejecutivo; independiente de él y que no está subordinado por tanto al ejecutivo por ser integral de la rama jurisdiccional del poder público.

El tercer poder: la Rama legislativa compuesta por el Congreso (dos cámaras) que tampoco depende del ejecutivo pues son elegidos por el pueblo en elección popular y depositarios por tanto de la soberanía nacional.

Un sistema político sin poderes públicos es una autocracia y la autocracia es despotismo y el despotismo es la negación de la democracia y la ausencia de democracia envilece las naciones, niega las libertades y sojuzga a sus pueblos. La Constitución de 1991 es por tanto garantía de democracia.