El departamento de Sucre tiene un capítulo importante en el informe denominado una Radiografía del Prejuicio: de Derechos Humanos de lesbianas, gay, bisexual, transexual e intersexual, LGBTI, y Balance de la Política Pública Nacional en Colombia, emitido por la Defensoría del Pueblo.
En él, se detalla la urgencia de la implementación de la política pública de esta población, la cual debe ser coordinada por la Gobernación de Sucre, teniendo en cuenta que los esfuerzos por atender dicha comunidad han sido casi nulos, en todo lo que encierra, principalmente emprendimiento y respeto de los derechos.

Obligatorio
No es capricho, son obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos: la protección de sus ciudadanos, la investigación y sanción de conductas que pongan en riesgo su integridad personal, el respeto y desarrollo de la legislación y demás normas para las prácticas y políticas de no discriminación y no exclusión, a razón de ello la importancia de que entidades como la precedida por el gobernador Héctor Olimpo Espinosa le dé prioridad.

Múltiples violencias
Dicho informe señalada además las formas de violencia a las que se han visto expuestas estas personas, incluyendo las que tienen asentamientos en el territorio local que nos compete. Y es que, entre enero y marzo de este año, la Defensoría del Pueblo acompañó al menos 40 casos de violencia por prejuicio, 16 de ellos corresponden a mujeres transgénero; tres, a hombres transgénero; 12, a hombres gais, de los cuales tres se identificaron con identidad no binaria; siete, a mujeres lesbianas, y dos, a personas intersexuales. De estos, un 10% hacen parte del departamento de Sucre, en municipios como Sincelejo y Corozal, principalmente.
Durante el 2022, señala el informe, la Defensoría del Pueblo atendió 394 casos de violencia por prejuicio, acompañados a través de la acción de las Duplas de Género adscritas la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género.
De ese total fue necesario realizar 101 seguimientos institucionales para el restablecimiento de derechos de la población, con una incidencia de Sucre cercana a los 10 casos.
De los 394 casos, 238 fueron por violencia contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gais y 21 contra personas bisexuales. Las principales violencias registradas fueron psicológicas, con 211 casos; física, con 93; violencia intrafamiliar, con 52; violencia sexual, con 27, y fueron acompañados 34 casos de personas migrantes.

Situación
Según las denuncias que reposan en los entes de control, como la Fiscalía, en los últimos meses se han visto afectadas al menos 50 personas pertenecientes a esta comunidad.
Por ello, es necesario, advierte la Defensoría del Pueblo, que, en el caso de Sucre, el gobierno departamental, desarrolle acciones concretas para la implementación de las renombradas políticas públicas participativas y garantías para la prevención, atención de la violencia por prejuicio, así como investigación, protección y justicia para esta población.

"El reconocimiento y la protección de las diversidades son un presupuesto básico para la construcción de una sociedad más justa y en paz", puntualizó la entidad.

La Gobernación de Sucre no ha seguido el ejemplo implementado por la Alcaldía de Sincelejo, la cual en el año 2021, durante este gobierno de Andrés Gómez Martínez, creó e institucionalizó la política pública LGBTI con un marco legal de 2021-2031 teniendo como propósito una forma de hacer gobierno y manifestación de las diferentes expresiones de poder que existen.