Que la Procuraduría General de la Nación abra una indagación en algunos municipios de Colombia para saber qué están haciendo en materia de prevención del hacinamiento es una acción que debieron tomar hace muchísimo tiempo si se considera que su intervención sea para solucionar una problemática y no para atacar políticamente a un selecto grupo de alcaldes. Y lo decimos así por qué hace años existe la desavenencia entre el INPEC y las alcaldías por la no ejecución del convenio para la manutención de los presos o condenados en cada territorio. De igual manera, el mismo sistema judicial ha provocado que cientos de indiciados deban pasar en carceletas por la tardía programación de las audiencias respectivas, atiborramiento que sufre también la URI por las mismas razones. Cada ente territorial es autónomo de tomar la decisión que respecte, y eso no lo exime de cumplir la ley, pero también es cierto que de nada servirá si el sistema penal acusatorio es paquidérmico.

La cárcel La Vega de Sincelejo, por ejemplo, tiene aún capacidad para albergar más condenados.

Autor: Luis Germán Rubiano Farak.