Crímenes subjetivos

Por Álvaro Bustos González

La matanza sistemática de servidores públicos, en este caso de humildes policías, no parece conmover las fibras compasivas de los defensores de derechos humanos y de las ONG que visitan las cárceles para cuidar de sus pobres convictos, ellos sí menoscabados en su dignidad por las decisiones de los jueces en representación del Estado.

Ni una manifestación pública de ningún sindicato, ni un alarido de los que suelen proferir los agitadores profesionales contra el sistema, acompañado del consabido “estallido social” y del ataque a los bienes públicos y privados, nada; esos son muertos sin importancia y sin derechos, al menos sin derechos objetivos. Tampoco ha habido manifestaciones en contra de la invasión de Putin a Ucrania, como sí las hacen contra las recurrentes salvajadas de los Estados Unidos en el exterior, ni una palabra en contra de las teocracias que oprimen a las mujeres y mucho menos una crítica a las tiranías del vecindario, que ya se preparan para seguir gobernando a su albedrío con nuestra complacencia y amistad.

Y no lo hacen por respeto a la libre determinación de los pueblos oprimidos por dictaduras (¿cómo se autodetermina un pueblo sojuzgado, con la oposición amordazada o exiliada, y sin prensa libre?), del mismo modo que guardan silencio ante el machismo rampante de los pueblos originarios, los sembradíos de alucinógenos en los resguardos indígenas y las mitologías anticientíficas que, en nombre de un conocimiento esotérico se viene apoderando de las incautas mentes juveniles.

Las opiniones de Amlo y de Lula en favor del candidato Gustavo Petro no fueron actos de injerencismo; quizá solo fueron gestos de cálida solidaridad que, demarcando los nuevos límites de la patria grande de Bolívar, podrían llevar sus linderos a las tierras del emperador Moctezuma y de los navegantes portugueses.

Con la decisión del designado Ministro de Educación Alejandro Gaviria de llevar para su estudio a los colegios el texto de la Comisión de la Verdad sobre las causas de nuestras inveteradas violencias, en el que la mayor responsabilidad se le adjudica al Estado, queda santiguada para siempre la validez del delito de rebelión entre nosotros, independiente de sus métodos y alegatos. El perdón recurrente seguirá condonando los crímenes de los narcotraficantes que asesinan líderes sociales y policías. Habrá que preguntarles a los apologistas de las armas insurrectas, ¿qué causas objetivas o subjetivas justifican la violencia mortal contra ciudadanos colombianos inermes? Digo, ya que estamos en plan de consolidar la paz total con toda clase de alimañas…
*Decano, FCS, Unisinú -EBZ-.