Por: Rafael González Guerrero.

Según las declaraciones del presidente de la JEP, la sala de Reconocimiento sugirió, a otra instancia del mismo tribunal, las penas que deberían sufrir los siete miembros del secretariado de las FARC.  

El magistrado hizo un recuento de los crímenes cometidos por esa guerrilla, y en la medida en que avanzaba en su exposición, iba aumentando el grado de atrocidad a la que esta llegó, con sus más de veinte mil secuestros, los ataques a la población civil, la “colocación” (sic) de minas explosivas alrededor de escuelas y hospitales, tantas que el país demorará no menos de treinta años para desactivarlas, el reclutamiento de menores, las violaciones y cientos de miles de muertos, todo lo cual nos hacía imaginar que el funcionario concluiría en que las penas serían severas, como corresponde a tanta atrocidad.  

Pero, lo que salió fue algo así como un ratoncito tras el parto de los montes, pues anunció que los responsables confesos de tanto crimen, no pagarán un solo día de cárcel, como sí lo pagan tantos inocentes y aquellos que han redimido sus penas y los mantienen presos. O quienes siguen en la cárcel con las mismas imputaciones que a otros se les quita. O quien se robó un pan y el Estado lo persigue sin tregua, como en Víctor Hugo.  

Las condenas que esa sala le propone al Tribunal no serían otras que la búsqueda de personas desaparecidas, trabajos de desminado humanitario, restauración ambiental de algún páramo y actividades para la dignificación de víctimas, es decir, todo lo contrario al principio de proporcionalidad de la pena y de la igualdad en el castigo y la reparación. 

Algunos de tales cabecillas son hoy miembros del Congreso. ¿Será que pueden seguir siéndolo con pleno ejercicio de sus derechos políticos, cuando a otros se les niegan por delitos muchísimo menos graves? 

OTRO ASUNTO. Es claro que no es lo mismo un contrato para remendar la malla vial o arreglar un parque, que el que se realiza para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado en Sincelejo. Independientemente de las cifras comprometidas, deben tenerse en cuenta la continuidad y el buen desempeño del operador que se pretende reemplazar, unidos a la experiencia adquirida durante tantos años, lo que no puede tirarse por la borda, de una manera caprichosa y contra la evidencia del progreso en la prestación, ahora con un aceptable cubrimiento.  

PS ¿Cuánto costó la consultoría que recomendó la no prórroga del contrato con Veolia?  Si Veolia no está haciendo las cosas bien, ¿por qué se le extiende también la invitación?