Redacción. La Corte Suprema de Justicia ratificó ayer lo publicado por El Meridiano en primicia la semana pasada al señalar, con base al testimonio de sus abogados, que el excongresista sucreño Álvaro 'El Gordo' García no podía salir de la cárcel.

Lo anterior, porque todavía tiene un proceso pendiente con la justicia por el delito de desplazamiento forzado. 

Por ello, la Corte emitió ayer la boleta de detención contra García para evitar que salga de prisión, de esa manera dejando en firme lo expuesto por el equipo jurídico del exsenador y exrepresentante a la Cámara por Sucre.

La historia

El Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá le había concedido la libertad condicional a García el pasado 8 de julio en el marco de la condena de 40 años que está pagando por la masacre ocurrida en el corregimiento de Macayepo, El Carmen de Bolívar, en el año 2000.

No obstante, este medio en ese entonces publicó, con base a sus apoderados, Santiago Aguirre Ossa y Luis Felipe Aguirre Vásquez, que la libertad no se podía dar por el otro proceso que está vigente. 

'Libertad inminente'

En diálogo con el grupo de defensores de García se conoció que insisten en la libertad de su apoderado hasta tal punto de señalar que esta es "inminente" por cuanto en la actual solicitud de libertad provisional se está cumpliendo lo requerido por la Corte en el año 2022, dado que a efectos del delito de desplazamiento forzado, en caso de ser condenado, no puede acumularse un día más de prisión. 

La defensa insiste en que la merece porque cumplió con las tres quintas partes de su condena y porque tiene afectaciones en salud.

La defensa entonces se refiere a que se encuentra en curso una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento interpuesta por los mismos togados ante la Corte Suprema de Justicia. 

Esta debería ser resuelta esta semana porque está siendo estudiada por la entidad con el fin de dar una respuesta certera sobre ello lo más pronto posible.

Por lo pronto, lo único claro en esta instancia jurídica es que el excongresista seguirá recluido en la cárcel La Picota, en la ciudad de Bogotá, donde se encuentra pagando la condena desde el 2010.

Al exsenador García lo investigan ahora como presunto responsable del desplazamiento forzado de al menos 4 mil campesinos en el departamento de Sucre en la década del 2000 cuando el conflicto armado estaba en su apogeo. 

Los abogados también se han referido a los hechos relevantes que contribuyeron a que se solicitara la revocatoria de la medida de aseguramiento y estos son que Pitirri (Jairo Castillo Peralta) dijo en el interrogatorio que García nunca había hecho parte de las autodefensas, sino que entró obligado, siendo el mayor testigo al que se le dio credibilidad en el proceso anterior porque la Corte había fundamentado con base en Pitirri que él era parte de la cúpula. 

Primero se dijo era un solo audio que se había captado en el espectro, y en el transcurso del juicio se determinó que no era uno sino uno de tres, y otro oficial de la Policía terminó confesando que lo que realmente era que estaba chuzado Joaquín García (ganadero señalado de determinador de la masacre de Macayepo), en su teléfono fijo, o sea que la grabación es absolutamente ilegal.

Al darse esos elementos nuevos, entonces, los togados pidieron la revocatoria de medida de aseguramiento ante la Corte. Si esta termina revocando la medida porque les da valor a los elementos de ese juicio le abren a Álvaro García la puerta para que revisen la condena de 40 años porque efectivamente entonces está privado de la libertad supuestamente de manera ilegal.