La Corte Constitucional emitió un falló de tutela a favor de una mujer condenada por homicidio de quien fue su empleador y la persona que había abusado de ella en Ibagué el 20 de julio de 2000, de acuerdo a lo estipulado en la denuncia.

Virgelina Aguiar, quien es la mujer que se encuentra en la cárcel, el 23 de junio de 2005. Y el pasado 18 de octubre de 2023, envió una tutela bajo el argumento de que a la hora de emitir su sentencia se vulneraron sus “derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa”.

Contexto

De acuerdo a los testimonios que se tienen del proceso, Aguilar entró a trabajar en una carnicería de Ibagué, que era propiedad de la familia del padre de sus tres hijos, quien para ese entonces se encontraba en la cárcel. En el mismo lugar trabajaba con José Virgilio Campos García, señalado de ser su abusador.

Este hombre “tuvo diversos acercamientos de contenido sexual hacia ella, pero siempre los rechazó, llegando al punto de manifestarle su intención de abandonar el lugar”. No obstante, la noche del 20 de julio del 2000, cuando Campos y otro sujeto la invitaron a salir y le dijeron que los niños serían cuidados por una señora.

Al salir del bar donde estaban, tomaron un taxi hacia la carnicería y, al llegar, “José Virgilio le dijo que quería estar con ella y empezó a tocarla sin su consentimiento, al punto de empujarla hasta la cama de la habitación... Mientras todo ello ocurría, José Virgilio manipuló y amenazó a la accionante diciéndole que, si no sostenía relaciones sexuales con él, no le daría a conocer el paradero de sus hijos”, se establece en el fallo.

El homicidio y la sentencia

Virgelina relató que luego del abuso le exigió al hombre que le dijera el paradero de sus hijos, pero este le dijo que debía mantener relaciones sexuales con él nuevamente. Por tanto, cuando tuvo la oportunidad, la mujer se acercó a donde estaban los cuchillos y con un tipo de hacha le propinó un corte en el cuello al hombre, que le produjo la muerte.

Posteriormente, fue condenada como autora de "homicidio simple atenuado por la circunstancia de ira o intenso dolor" y se le impuso una pena de 28 años y 9 meses, pero la sentencia se redujo a ocho años y cuatro meses de prisión, apelada por la Procuraduría y la Fiscalía.

Los nuevos avances del caso se dan luego de que la Corte amparó sus derechos fundamentales y consideró que la condena no aplicaba para su caso.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que “La Sala protegió los derechos fundamentales de la accionante de acceso a la administración de justicia, debido proceso y a vivir una vida libre de violencia, dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Ibagué y ordenó proferir una sentencia de reemplazo teniendo en cuenta esta providencia”, añade la sentencia.