¡Autócratas, es lo que son!

La Procuraduría, con tres salas disciplinarias, podría investigar a congresistas por incumplimiento de deberes. La votación de la oposición en el Senado levanta dudas sobre ética y moral pública. ¿Se abrirá proceso?

Por Carlos Rodríguez Santos La Procuraduría cuenta con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de los procesos disciplinarios contra los "congresistas", entre otros. El Procurador General de la Nación conocerá de la segunda instancia de las decisiones de las Salas Disciplinarias de Juzgamiento. La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en relación con la competencia disciplinaria de las demás autoridades (art. 3, 101 y 102, Ley 1952/ 2019). Entre los deberes de los congresistas como servidores públicos, está la de "ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común y teniendo siempre presente que los servicios que prestan constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos" y entre las prohibiciones está la de "ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo" (art. 38, núm. 16 y art. 33, núm. 33, Ley 1952/2019)". Por su parte, la ley 1828 de 2017, código de ética y disciplinario del congresista, estableció que le está prohibido "ejecutar actos que afecten la moralidad pública del Congreso; la dignidad y buen nombre de los Congresistas, en la función congresional" y el competente para iniciar la acción ética y disciplinaria es la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la respectiva cámara del Congreso. Ahora bien, la caótica votación de los senadores de la oposición en cabeza del presidente del senado a la consulta popular, indiscutiblemente, evidencia incumplimiento del deber de ejercer sus funciones consultando los intereses del bien común y sin tener presente, que los servicios que prestan buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos; así como también, quedó demostrado como acto que afecta la moralidad pública del Congreso y la dignidad de los senadores opositores, la violación a la prohibición de no cometer fraude a norma imperativa, específicamente, a la "ley estatutaria de participación democrática". A continuación, el impasse es ¿la actual procuraduría y/o la Comisión de Ética y Estatuto del senado abrirán proceso disciplinario contra estos "autócratas"? De modo, que vayamos discerniendo sobre nuestro "régimen" y, por tanto, no negociar el voto, ¡porque se nos revierte! ¡El Cambio es humano! Se las dejo allí.