Z.E.R. : El Precio del Desacierto Administrativo

La implementación de las Zonas de Espacios Regulados en Montería genera quejas por altas tarifas de parqueo. Estudiantes, feligreses y comerciantes denuncian fallas y una gestión que prioriza el lucro privado.

Glenda K. Fuentes Las Zonas de Espacios Regulados (Z.E.R.) han llegado a Montería, y con ellas, una serie de inconvenientes que afectan directamente a los ciudadanos. La reciente implementación de este sistema ha generado una ola de quejas de estudiantes universitarios, solicitudes de la iglesia de La Castellana y frustración entre los comerciantes locales. El modelo, que delega la inversión y operación al sector privado, tiene a la alcaldía como responsable de regular y supervisar su funcionamiento. Sin embargo, la administración actual no parece haber anticipado adecuadamente los efectos de esta medida, y ahora los ciudadanos pagan las consecuencias. Uno de los aspectos más polémicos de las Z.E.R. son las tarifas de parqueo. En zonas cercanas a la iglesia de La Castellana y la Universidad Cooperativa, los feligreses y estudiantes deben afrontar precios elevados por estacionarse. El costo de la primera hora de estacionamiento es de $4.700, y cada fracción adicional asciende a $1.200. Para las motos, la tarifa es de $1.200 por la primera fracción, y $400 por cada hora extra. Esto significa que asistir a misa o tomar clases ahora implica una carga económica adicional. La situación es tan absurda que el padre de la iglesia se verá obligado a acortar su sermón, dejar de lado los avisos parroquiales y acelerar el ritmo de la misa para evitar más gastos para los asistentes. A esto se suma el funcionamiento de las máquinas de pago, que no permiten dar vuelto. Según el gerente de las Z.E.R., las máquinas solo aceptan el pago exacto, y si se paga de más, no se devuelve el excedente. Lo que resta solo se utiliza para "comprar" más tiempo en el mismo espacio de estacionamiento, una medida que, en la práctica, más que ineficiente, es absurda. Esta situación no solo ha revelado una grave falta de planificación y socialización, sino que también pone de manifiesto una preocupante tendencia hacia la explotación del espacio público. Las tarifas elevadas y la imposición de un sistema que no se adapta a las necesidades de la comunidad reflejan cómo el Estado, al delegar el control a entidades privadas, ha cedido la gestión de un bien común a intereses comerciales. En lugar de considerar el espacio público como un recurso que debe favorecer el bienestar de los ciudadanos, se ha convertido en un negocio más, donde lo único que se garantiza es el lucro de unos pocos a expensas de la comodidad y la economía de la población. La iglesia, las universidades y los comercios, lugares esenciales para la vida social y cultural de la ciudad, no deberían ser objetos de un modelo que antepone los intereses económicos sobre las necesidades de la comunidad. La administración local, al permitir este tipo de regulaciones sin una evaluación profunda de sus impactos, está permitiendo que se mercantilice algo que debería ser accesible para todos.