¿Y las propuestas para el campo en el Caribe?

Se aproximan las elecciones y, como cada período electoral, el campo vuelve a ocupar los discursos, pero rara vez las agendas. Se repiten las promesas de apoyo al productor, de tecnificación y de infraestructura rural, y sin embargo, nada cambia en lo esencial: la pobreza, el abandono y la improvisación siguen marcando el rumbo. En el Caribe colombiano, donde la agricultura debería ser motor de desarrollo, el agro continúa sin una hoja de ruta clara. Y la pregunta es inevitable: ¿cuáles son las verdaderas propuestas para el campo del Caribe?

El campo en la región Caribe no necesita diagnósticos nuevos. Los datos ya lo explican con crudeza: más del 32 % de su población rural vive en pobreza multidimensional (Dane, 2024), la productividad agrícola regional está por debajo del promedio nacional, y la inversión en investigación y desarrollo agropecuario apenas alcanza el 0,4 % del PIB sectorial (Ocde, 2023). A eso se suma un problema silencioso pero decisivo: el envejecimiento de la población rural. El productor promedio tiene más de 55 años (MinAgricultura), lo que significa que, si no actuamos pronto, el conocimiento campesino desaparecerá junto con una generación entera. Y, sin embargo, el Caribe tiene ventajas que muchos países envidiarían: suelos fértiles, agua, costa, biodiversidad y una ubicación estratégica frente a los principales flujos comerciales del continente. Córdoba, por ejemplo, se ha consolidado como el nuevo epicentro del coco en Colombia. Según el boletín publicado por ProMontería y Sabana Agro, el departamento produjo en 2024 38.419 toneladas de coco en 4.293 hectáreas, con un rendimiento promedio de 7,8 toneladas por hectárea —el más alto del país—. En el mercado global, los productos derivados del coco mueven más de 4.900 millones de dólares anuales y crecen cerca del 10 % cada año. El potencial está ahí, pero seguimos sin una política de largo plazo. Lo que falta no es tierra, sino visión; no es talento, sino dirección. Colombia continúa administrando su agricultura a punta de programas de corto plazo, diseñados para durar una campaña, no una generación. Por eso, más que un nuevo plan de gobierno, lo que necesita el Caribe es un compromiso colectivo de largo aliento. Un acuerdo entre productores, universidades, empresarios y gobiernos locales para que la ciencia, la educación y la inversión pública trabajen sobre un mismo horizonte. No se trata de repartir subsidios, sino de construir capacidades. La región tiene en marcha experiencias que muestran el camino: ecosistemas productivos como el del coco, el marañón, el cacao, el mango, la piña o la papaya, que integran sostenibilidad, valor agregado y empleo rural. Pero requieren continuidad, crédito, asistencia técnica y articulación institucional. No puede ser que cada gobierno vuelva a empezar de cero. Mientras países como Brasil, República Dominicana o México impulsan políticas agrícolas sostenidas por décadas, nosotros seguimos fragmentando esfuerzos. El Caribe necesita una agenda agroindustrial regional, con metas compartidas y un liderazgo técnico permanente. Necesita que las universidades se conviertan en centros de innovación rural, que los municipios promuevan educación técnica con enfoque agroindustrial, y que los empresarios encuentren confianza y estabilidad para invertir. De cara a las elecciones, el debate no debería centrarse solo en quién gana, sino en qué región queremos construir en los próximos 20 años. El agro del Caribe puede ser una fuente de empleo, de exportaciones y de bienestar social, pero solo si existe una política de continuidad y una institucionalidad que funcione más allá de los gobiernos. El Caribe no necesita discursos de redención, necesita programas que permanezcan. Necesita planificación, liderazgo y coherencia. El futuro del país se juega en la manera en que tratemos su campo: en si lo seguimos viendo como un tema asistencial o lo asumimos como la base de nuestra competitividad y seguridad alimentaria. El desarrollo rural no puede ser una promesa de campaña, debe ser un propósito nacional compartido. Que una al productor que madruga, a la universidad que investiga, al empresario que arriesga y al gobernante que decide. Porque el progreso no se promete ni se decreta: se construye con tiempo, con coherencia y con voluntad de país.