¿Y al país, quién lo rehabilita?

En Colombia, la "rehabilitación" de figuras con acciones cuestionables contrasta con la desatención a las víctimas de violencia e injusticia, perpetuando la impunidad y desigualdad.

Por Glenda K. Fuentes En una novela digna de Gabriel García Márquez, Colombia sería ese lugar donde la contradicción se vuelve costumbre. Aquí, los protagonistas no son las mujeres que luchan contra la violencia, las niñas y niños que necesitan protección o las comunidades que sueñan con oportunidades. No. En estas páginas de realismo político, los reflectores iluminan a quienes, tras decisiones cuestionables y actitudes que causaron daño, regresan a lugares privilegiados. Lo hacen con un cinismo inquietante, como si sus errores fueran simples anécdotas de un “proceso personal,” mientras ignoran las consecuencias que otros cargan en silencio. Nos hablan de rehabilitación, pero la palabra se convierte en un comodín. Con el que se rehabilitan algunos cuantos, de acuerdo a su poder o su privilegio de justificar su pasado. Sin embargo, no se habla de quienes, desde su exclusión o su dolor, nunca han tenido ni siquiera una primera oportunidad. Las mujeres que han sobrevivido a la violencia, las niñas y niños cuya vulnerabilidad ha sido ignorada, las comunidades que siguen siendo el eslabón más débil de una cadena de inequidad: ¿quién se ocupa de ellos? Nos dicen que todos tenemos derecho a segundas oportunidades. Y sí, eso es cierto. Pero esta no puede ser una excusa para perpetuar la impunidad, ni para normalizar la indiferencia frente a quienes han sufrido las peores consecuencias del sistema. Porque mientras algunos vuelven con discursos vacíos sobre cambio y redención, las víctimas siguen esperando acciones concretas. Más allá de los procesos individuales, es urgente rehabilitar un país donde el acceso a los derechos básicos sigue siendo un lujo y la justicia parece inalcanzable para los más vulnerables. Porque mientras algunos celebran su regreso a las cumbres del poder, millones de colombianos enfrentan la precariedad, la desigualdad y la desconfianza en un sistema que no ha sabido protegerlos ni ofrecerles un futuro digno. No es suficiente hablar de paz si las mujeres que han sido violentadas siguen esperando justicia. No podemos avanzar si las niñas y niños crecen en un entorno que no garantiza sus derechos. No hay bienestar si las comunidades más golpeadas siguen siendo invisibles. La transformación de Colombia no se logra con discursos de cambio ni con una narrativa que premia a quienes han fallado. Se logra con un cambio real, que priorice a quienes nunca debieron sufrir. Una sociedad no se transforma con el cinismo de quienes minimizan sus faltas, sino con un compromiso inquebrantable con la justicia, la equidad y la dignidad de todas y todos. Y es ahí donde está nuestra tarea pendiente: dejar de callar sin cuestionar y comenzar a exigir que las decisiones se tomen pensando en el bienestar colectivo, donde nadie sea excluido ni relegado al olvido. Solo así podremos escribir un capítulo nuevo y justo en la historia de este país.