Visibilizar y castigar

Durante siglos, el poder de castigar estuvo claramente delimitado. El castigo era visible, concentrado y, sobre todo, institucional. Michel Foucault explicó cómo ese poder dejó de expresarse en el espectáculo del cuerpo para trasladarse a estructuras más sofisticadas: el juicio, la norma, la vigilancia. El castigo dejó de ser plaza pública y se convirtió en procedimiento.

Pero hoy asistimos a un giro que no puede pasar inadvertido. La tecnología no solo transformó la comunicación. Transformó el lugar desde donde se juzga. Ya no es necesario esperar una decisión judicial para que exista una consecuencia. Basta una acusación que circule, una narrativa que conecte, una versión que se imponga. El señalamiento se difunde, la reacción se activa y el castigo aparece: reputaciones destruidas, exclusión social, condena anticipada. Sin proceso. Sin contradicción. Sin prueba en sentido jurídico. El castigo, en buena medida, ha salido del Estado. No porque el derecho haya desaparecido, sino porque ha comenzado a coexistir con una forma paralela de sanción: la sanción social mediada por plataformas digitales. Una sanción que no responde a reglas procesales, sino a dinámicas de visibilidad, emocionalidad y adhesión colectiva. En ese escenario, la lógica cambia. El derecho exige prueba; la red exige impacto. El derecho exige contradicción; la red premia la inmediatez. El derecho protege la presunción de inocencia; la red construye culpables con rapidez. La pregunta ya no es si esto ocurre. La pregunta es qué implica. Porque cuando el castigo se desplaza hacia espacios no regulados, las garantías dejan de ser exigibles. Nadie está obligado a verificar, a contextualizar o a ponderar derechos en tensión. Y, sin embargo, las consecuencias son reales. Aquí aparece una tensión que el discurso público suele simplificar. No se trata de negar la importancia de visibilizar injusticias. Hay contextos en los que la exposición ha sido la única vía para romper el silencio. Pero tampoco puede desconocerse que la manipulación de la información, a través de relatos parciales o descontextualizados, también produce nuevas injusticias. Y eso plantea un problema de fondo. ¿En manos de quién está hoy el castigo? Hoy, el castigo también puede provenir de una comunidad digital, de una audiencia anónima, de una masa que no delibera, sino que reacciona. Y esa reacción no siempre distingue entre denuncia legítima y afirmación no probada. Ahí es donde el derecho tiene que volver a decir algo que parece obvio, pero que empieza a diluirse: no todo está permitido. La libertad de expresión no es una licencia para producir daño sin responsabilidad. Y el debido proceso no es un obstáculo incómodo, sino la condición mínima para que la justicia no dependa del ruido. El castigo ya no solo se ejerce desde instituciones. También circula. Y cuando el castigo circula sin reglas, la pregunta ya no es quién tiene la razón, sino quién logra imponer su versión.