Víctimas del conflicto: la deuda que no se salda

El Gobierno colombiano prometió un cambio radical en la atención a víctimas del conflicto. Sin embargo, los resultados de la UARIV revelan demoras y rezagos en las indemnizaciones.

Por Luis Ramiro Ricardo Buelvas Desde el primer día de campaña, el Gobierno del cambio prometió darle un giro de 180 grados a la política de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, esta deuda histórica ha quedado reducida a palabras inspiradoras y discursos populistas. Los resultados arrojados en el último balance de gestión de la Uariv, como entidad encargada de liderar la política de atención y reparación de las víctimas del conflicto, han sido regulares o negativos, en su mayoría. Y si bien, la entidad ha dado pasos en la dirección correcta; en la medida en que aumentó la presencia institucional y se articularon acciones efectivas con los Municipios y Departamentos para atender a esta población, la realidad de las víctimas no puede ser peor en cuanto a los rezagos en el pago de indemnizaciones, ante la falta de recursos económicos necesarios para cumplir con este compromiso de estado. Mis afirmaciones se soportan en el decimotercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz desarrollado por el – Cinep/PPP y Cerac – en donde se resalta que, si bien hay un interés por avanzar en el tema de las reparaciones tanto individual como colectiva, esto no se refleja en las cifras presentadas por la Uariv, pues, es evidente las demoras en el pago de las indemnizaciones administrativas individuales. En la misma situación se encuentran las indemnizaciones colectivas en donde, tan solo el 25,93% de las 88 solicitudes han sido implementadas; esto significa que cerca del 74% de las solicitudes no cuentan con planes aprobados para su implementación. La falta de gestión sobre las indemnizaciones administrativas me genera preocupaciones al desconocer los avances ya que, a pesar de haber promovido, desde la bancada de paz, el artículo noveno del PND 2002 - 2026, por primera vez, facultamos al gobierno para adelantar un plan de aceleración para el pago de las indemnizaciones administrativas y a la fecha de redacción de esta columna se desconocen los avances para llevarlo a cabo. Ya es tiempo de dejar de recorrer el país diagnosticando problemas que son conocidos por todos, es hora de las acciones contundentes para devolver la esperanza y la dignidad a las personas más afectadas por la violencia en Colombia.