Un abuso costoso

La Fiscalía investigará abusos de autoridad en Tierralta (Colombia), garantizando transparencia. Se busca sancionar a responsables y evitar que actos aislados manchen al Ejército.

Los abusos de autoridad no deben ser permitidos en contra de ningún colombiano. Que la Fiscalía General asuma la investigación de los hechos sucedidos el 11 de septiembre en El Manso, Tierralta, es una garantía de que se llevaría a cabo un proceso con transparencia e independencia, algo que pudo estar en juego si el proceso hubiese quedado en manos de la Justicia Penal Militar. Los hechos intimidatorios y humillantes de un reducido grupo de militares no puede manchar la honestidad de miles de hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional, pero sí una lección aprendida para los comandantes de un mayor control a sus tropas en puntos remotos de las guarniciones militares. La Fiscalía debe dar con quienes dieron la orden de amedrentar a una población, que por décadas ha sido víctima del accionar de todo tipo de grupos delincuenciales, todo eso aprovechando el abandono al que han sido sometidos por parte del Estado. La lección también es para las autoridades civiles y administrativas para una mayor atención a esos cordobeses expuestos a situaciones similares.