Tras las aguas, persiste la deuda con el agua potable en la ruralidad cordobesa

Cuando las aguas bajan, quedan al descubierto las preguntas más importantes. En Córdoba, tras las recientes inundaciones, una de ellas resulta ineludible: ¿cómo se garantizará, en adelante, el acceso al agua para consumo humano en las zonas rurales del departamento?

Particularmente, ¿qué ocurrirá con los acueductos comunitarios que hoy abastecen a miles de personas? Durante décadas, los gestores comunitarios del agua han sostenido, con esfuerzo propio y organización colectiva, el acceso al agua en territorios donde el Estado y las empresas de servicios públicos no han logrado llegar de manera efectiva. Se trata de una labor histórica, esencial y, sin embargo, profundamente invisibilizada. Hoy, en medio de la emergencia, es urgente ponerla en el centro del debate público. Las cifras son contundentes. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, 33 acueductos comunitarios en Córdoba sufrieron graves afectaciones en sus sistemas de captación, conducción, tratamiento y distribución. Esto no solo compromete la infraestructura: profundiza las vulneraciones al derecho humano al agua, a la salud, a la alimentación y, en últimas, a la vida digna de las comunidades rurales. No es un dato menor. Es un llamado de alerta sobre la fragilidad estructural en la garantía del agua potable en el departamento. Frente a esta situación, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia advirtió la necesidad de adoptar medidas urgentes para atender la emergencia sanitaria y de salud pública. En respuesta, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0228 de 2026, que establece medidas excepcionales en materia de agua y saneamiento básico para el departamento. Sin embargo, la discusión no puede agotarse en la coyuntura. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿cómo se fortalecerán, de manera estructural, los acueductos comunitarios que históricamente han garantizado el acceso al agua en la ruralidad? Este interrogante adquiere mayor relevancia en un contexto marcado por reiterados escándalos de corrupción en la gestión del agua en el departamento, especialmente en municipios pequeños, donde miles de personas aún no cuentan con un servicio de acueducto de calidad, continuo y accesible. La crisis no es solo natural; también es institucional. Responder a este desafío ha sido, precisamente, el motor de la movilización jurídico-política de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, un proceso organizativo que desde 2008 ha articulado a asociaciones comunitarias, organizaciones sociales y sectores académicos en defensa de la gestión comunitaria del agua. Hoy, ese esfuerzo colectivo está a punto de traducirse en un avance normativo histórico: la inminente sanción presidencial del Proyecto de Ley 572 de 2025 Cámara. Una iniciativa construida desde los territorios, que reconoce, fortalece y dignifica la gestión comunitaria del agua en el país. Como cordobesa y abogada que hizo parte de la construcción y trámite de esta iniciativa en años recientes, considero que este momento representa una oportunidad decisiva. No solo para mejorar sustancialmente el acceso al agua potable en el departamento —especialmente en las zonas rurales—, sino también para reconocer el valor de quienes, desde la solidaridad y el compromiso comunitario, han sostenido un servicio público esencial, protegiendo el entorno y garantizando la permanencia en el territorio. El llamado es claro: avanzar sin dilaciones en los últimos trámites legislativos y asegurar que Córdoba cuente, cuanto antes, con un marco jurídico que fortalezca a sus acueductos comunitarios. Porque garantizar el derecho humano al agua no admite más postergaciones.