Transición energética responsable

La prohibición de explorar hidrocarburos en Colombia genera debate. Afecta economía, finanzas sociales y balanza comercial. Urge un diálogo inclusivo para una transición energética justa.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin El reciente pronunciamiento del Presidente de la República sobre la prohibición de firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos ha generado un amplio debate en el país. Aunque la intención de avanzar hacia una transición energética es válida y necesaria, es fundamental analizar las implicaciones que esta decisión puede tener para la población más vulnerable y para la economía nacional. La inacción en la exploración de recursos puede llevar a una situación alarmante. Las estadísticas son claras: aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y cerca de una quinta parte del ingreso fiscal provienen de la industria petrolera. Al limitar esta actividad, estamos comprometiendo no solo el crecimiento económico, sino también la capacidad para financiar políticas sociales cruciales, como la atención a la pobreza y la inversión en infraestructura básica. Las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos son vitales para el financiamiento de proyectos en regiones que, a menudo, son olvidadas. La falta de recursos afectaría directamente programas de acueducto, alimentación y apoyo a familias en situaciones de vulnerabilidad y en este contexto, nos arriesgamos a que comunidades enteras caigan en un estado de pobreza extrema, afectando su calidad de vida y su futuro. Es cierto que la transición energética es un objetivo deseable. Sin embargo, no podemos permitir que se convierta en una excusa para desatender las necesidades inmediatas de la población. La protección del medio ambiente y la búsqueda de energías alternativas deben ir acompañadas de un compromiso real con el bienestar social. De ahí que la inversión en energías renovables debe ser responsable y sostenible y no a costa del sufrimiento de quienes ya enfrentan dificultades. La balanza comercial también se vería afectada de manera negativa. Actualmente, dos quintas partes de nuestras exportaciones son producto de los hidrocarburos y una disminución en la producción y exportación de petróleo podría llevar a un déficit en la balanza comercial, debilitando la posición económica del país a nivel internacional y dificultando la inversión extranjera. Esta situación no solo afectaría a la economía en términos de cifras; también tendría repercusiones en el liderazgo económico de Colombia. Sin un sector energético robusto, nuestro país corre el riesgo de quedar rezagado en un contexto global que exige competitividad y estabilidad. Por lo tanto, es fundamental que las decisiones sobre el futuro energético de Colombia no se tomen de manera unilateral. Se debe promover un diálogo inclusivo que contemple tanto la urgencia de una transición energética como la necesidad de asegurar recursos que apoyen a las comunidades más vulnerables. En conclusión, avanzar hacia una Colombia más sostenible es un reto que debemos asumir con responsabilidad y esto implica no solo proteger nuestros recursos naturales, sino también garantizar que las políticas adoptadas no incrementen la desigualdad ni comprometan el futuro de aquellos que más necesitan apoyo. La transición energética debe ser un camino que se recorra de la mano de la justicia social, asegurando un mañana donde ningún sector del país quede rezagado.