Territorialización de la Salud: ¿una oportunidad o una trampa para Córdoba?

El Ministerio de Salud presentó un nuevo proyecto de resolución que redefine el mapa sanitario de Colombia, dividiendo el país en 10 regiones funcionales y 119 subregiones, priorizando variables como flujo poblacional, capacidad instalada y conectividad territorial. Toda una "reforma" sin reforma oficial al Sistema de Salud. Córdoba queda dividida en dos subregiones: "Córdoba Norte", centrada en Montería, cubriendo 1.700.000 personas, y "Córdoba Sur", en torno a Montelíbano, cubriendo 234.000 personas. Montería, a su vez, se integra a la Región Funcional Caribe 2, con Cartagena como referencia estratégica.

Esta reconfiguración reconoce a Montería como nodo para servicios especializados y hospitalarios de alta complejidad, lo cual supone mayores responsabilidades en infraestructura, articulación intermunicipal y coordinación interdepartamental. En principio, esto podría significar un acceso más fluido a recursos del Ministerio y una oportunidad para consolidar un modelo de salud pública preventivo y predictivo. Sin embargo, el modelo implica una reorganización profunda de redes asistenciales y de planeación territorial, con múltiples desafíos. El primero, de tipo financiero y operativo, exige que en seis meses EPS, IPS y entes territoriales adapten sus estructuras, contratos y programas a las nuevas delimitaciones. Las redes actuales fueron diseñadas bajo criterios económicos, no territoriales, lo que puede generar sobrecostos, ineficiencia y desajustes operativos. Adicionalmente, muchas subregiones trascienden fronteras departamentales, lo que demanda una articulación interinstitucional compleja. La resolución menciona "esquemas asociativos" voluntarios, pero la fragilidad histórica de estos acuerdos en el Caribe deja dudas sobre su viabilidad. Otro punto crítico es la confiabilidad del Índice Icat, que clasifica los territorios con base en criterios técnicos y datos de movilidad que pueden estar desactualizados, especialmente en municipios con escasa capacidad técnica. Culturalmente, también hay barreras: las comunidades mantienen patrones de confianza y movilidad histórica hacia ciertos municipios. Ignorar estas realidades podría limitar la efectividad del modelo. Además, la resolución no aclara quién será el responsable de administrar esta nueva configuración territorial. No crea instancias nuevas ni modifica la división político-administrativa, pero exige una gobernanza supramunicipal hoy inexistente. Finalmente, la falta de claridad sobre la financiación pone en riesgo todo el proceso. No se contemplan recursos específicos para la transición, dejando la carga a EPS, IPS y gobiernos locales. Sin respaldo económico ni liderazgo definido, el modelo podría naufragar, convirtiendo una oportunidad de transformación en un problema estructural.