Sin miedo y sin precio

Las redes sociales se convirtieron en la nueva plaza pública. Allí se ejerce la veeduría ciudadana: se denuncian contratos, se exigen explicaciones, se señala al poder, se cuestionan funcionarios públicos. Y está bien, porque la Constitución reconoce que la ciudadanía vigile a quienes gobiernan. Esa vigilancia fortalece la democracia. Y más que un derecho, es un deber. El problema aparece cuando la vigilancia se confunde con espectáculo. Hoy, un servidor es blanco de insultos, memes y acusaciones de corrupción; mañana, ese mismo personaje es descrito como visionario y ejemplo de gestión. El péndulo va de un extremo a otro en cuestión de horas, sin que haya cambiado el hecho, solo la conveniencia de quien escribe. Eso no es veeduría: son amores y odios volátiles, dictados más por intereses que por principios.

Lo paradójico es la incoherencia. El mismo mensaje que ayer pedía cárcel, hoy publica aplausos; la misma voz que hablaba de "incompetencia" hoy celebra "eficiencia". No hay espacio para el matiz, para el análisis, para la constancia. Parece ser más importante el ruido. Y esa incoherencia mina la legitimidad de la verdadera vigilancia ciudadana, esa que debería hacerse con pruebas, con documentos, con argumentos. Amparada en el imperio de la ley. La Ley 850 de 2003 habla de veedurías ciudadanas, de participación organizada, de vigilancia seria a la gestión pública. Pero lo que muchas veces vemos en redes es otra cosa: información manipulada, ataques personales e incluso chantaje disfrazado de crítica. Porque cuando la publicación se condiciona a un silencio amañado o a un elogio pagado, ya no estamos frente a veeduría ciudadana, sino frente a extorsión digital. La libertad de expresión ampara la crítica fuerte, incómoda, incluso dura. Pero no protege la mentira deliberada ni la opinión convertida en moneda de cambio. La democracia necesita voces críticas, pero voces con ética, con coherencia. Cambiar de opinión no es pecado. Es más: puede ser virtud. Cuando nuevas pruebas emergen, cuando los hechos evolucionan, cuando la información se clarifica, la responsabilidad ética exige rectificar el rumbo. Lo problemático no es el cambio; es la ausencia de explicación, la falta de transparencia sobre los motivos del viraje. La vigilancia ciudadana exige la humildad de reconocer errores y la valentía de sostener principios, incluso cuando resulten incómodos. Su autenticidad debe ir siempre de la mano de la responsabilidad. No podemos seguir normalizando lo que está mal. El derecho a vigilar la gestión pública no puede degradarse en un aplauso que se alquila ni en un insulto que se vende. Bien ejercida, la vigilancia es la mejor defensa contra la arbitrariedad y la corrupción. Las redes seguirán siendo escenario de debate, de amores y de odios. Pero el verdadero control social no se mide en volumen de gritos, sino en la fuerza de la coherencia. Vigilar sin miedo, sí. Pero también sin precio.